Petro aumenta su apuesta al presentar al Senado una nueva y más amplia consulta popular

Consulta popular, reforma legal, movilización social. Cualquier camino es bueno para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su meta de ampliar los derechos laborales y modificar el sistema de salud este año, antes de que las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 marquen el fin del cuatrienio que ha llamado Gobierno del cambio, y que el propio presidente ha aceptado que hasta ahora se ha quedado corto en esa promesa. Este lunes ha insistido en su iniciativa para convocar a los ciudadanos a las urnas en una suerte de referendo, la consulta popular, pese a que el Senado debe avalarla y el miércoles pasado negó esa posibilidad por un muy estrecho margen de 49 a 47 votos. Petro se juega con esta movida su narrativa de que esa votación fue fraudulenta: si una victoria podría impulsar ese relato, lo enterraría una derrota en condiciones más serenas que las del miércoles pasado.

La apuesta va más allá de las reglas laborales. El primer presidente de izquierda de la Colombia contemporánea ha insistido en la idea de que los poderes establecidos han obstaculizado sus ímpetus reformistas. Ha hablado de golpe blando, bloqueo institucional, de lawfare. Insiste en que una cosa es ganar las elecciones y otra es obtener el poder real. Su denuncia sobre la manera en la que el Senado negó su primera consulta encaja perfectamente en ese esquema. Insistir con la convocatoria de la consulta, también.

Se trata de un mecanismo constitucional que voces opositoras señalan que usa de manera oportunista para anticipar la campaña en su favor. Tiene pocos antecedentes. Álvaro Uribe, icónico presidente de derechas, inició su mandato con un referendo para cambiar la Constitución que fracasó en las urnas, pues las normas exigen una participación significativa de los ciudadanos. En ese 2003 tan solo una de las siete preguntas superó ese umbral. Más adelante, en 2016, Juan Manuel Santos sufrió una inesperada derrota en el plebiscito que convocó para que los ciudadanos refrendaran el acuerdo con la guerrilla de las FARC: el “no” derrotó al “sí” por un estrecho margen. Y en 2019, una consulta popular —el mismo mecanismo de Petro, pero impulsado por ciudadanos y políticos del Partido Verde— se quedó corta en apoyos. Pese a que las encuestas mostraban un respaldo amplio en la opinión, requería 12,1 millones y sumó 11,6.

Esos antecedentes señalan que Petro tendría difícil lograr una victoria jurídica en las urnas. El presidente, elegido en 2022 con poco más de 11 millones de votos, necesitaría sumar más de 12 en cada pregunta, y sin las maquinarias políticas encendidas, como ocurre en unas presidenciales en las que se juegan su supervivencia. Sin embargo, la votación se daría pocos meses antes de unas elecciones legislativas en las que la izquierda se juega su continuidad en el poder. Y, para los opositores, eso equivale a una forma de anticipar la campaña y de movilizar a sus bases.

Así lo ha aceptado uno de los operadores políticos más hábiles y recorridos que tiene el Gobierno, su saliente embajador en Londres, el exsenador Roy Barreras. “Si la aprueban el Gobierno obtendrá una copiosa votación en septiembre (unos meses antes de la elección de Congreso) ante unas propuestas que proclaman dignidad para los trabajadores y si se la niegan, la antorcha de ese reclamo popular y la presión por la renovación de un Congreso pro-reformas sociales se mantendrá encendida hasta marzo de 2026“, decía la semana pasada. Es ese camino el que Petro profundiza este lunes con su segunda consulta.

Con la insistencia, el Senado regresa al dilema que plantea Barreras. Ante él, los legisladores opositores e independientes han encontrado una salida: revivir la reforma laboral para sacarla adelante en una versión reducida, que le permiten disputar al Gobierno y sus aliados las banderas de los derechos de los trabajadores. La ANDI, el mayor gremio empresarial del país, apoyó este lunes esa posibilidad. El procedimiento legislativo está en marcha, aunque los congresistas petristas han señalado que no alcanza ya el tiempo y que se trata de una distracción. Ahora, además, la nueva consulta desborda ese proyecto, pues incluye cuatro preguntas sobre el sistema de salud. La alternativa parece aún más pequeña frente a la consulta. La apuesta de Petro, de nuevo, crece.

El Senado tiene ahora la posibilidad de dar pruebas reales de que la reforma revivió y avanza, y la obligación de tramitar de nuevo la iniciativa presidencial. El presidente, entre tanto, propone una huelga general para presionar a lo que entiende como la alianza de empresarios y políticos. Su intención, como ha demostrado con llamados repetidos lo largo de su mandato, es revivir la movilización social que lo llevó a la Presidencia y tuvo en jaque al Gobierno de su antecesor, Iván Duque. Una actividad en las calles que puede ser la diferencia entre la continuidad del Gobierno de izquierdas o un recambio de algún tipo en las elecciones de mayor de 2026. Son 12 meses de alta tensión.