La justicia chilena dicta el primer procesamiento por la causa de robo de bebés

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar, a cargo de la investigación judicial sobre la causa de sustracción de menores y adopciones ilegales en Chile concentrados entre 1970 y 1990, ha dictado este lunes el primer procesamiento de la trama y ha enviado a la Corte Suprema una solicitud para extraditar de Israel a la exjueza Ivonne Gutiérrez, una de las encausadas. El magistrado Aguilar ha procesado y ordenado la prisión preventiva de otras cuatro personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos niños de San Fernando, 140 kilómetros al sur de Santiago, que fueron entregados a matrimonios extranjeros en la década de los ochenta. El motivo, según apunta el fallo, era un ánimo de lucro, ya que cada bebé se vendía en 50.000 dólares de la época.

Las pesquisas del ministro Aguilar, el cuarto magistrado a cargo del caso, han determinado que en San Fernando existió una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza “para detectar y entregar en adopción a menores de edad cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50.000 dólares”, reza el fallo publicado este lunes por el Poder Judicial.

La organización se conformó en 1982 “con definidos roles criminales”. Sus integrantes mantenían o permanente con una oficina de abogados, una guardería infantil y las oficinas del Registro Civil en Santiago. La forma de operar descrita en el fallo era recorrer poblaciones pobres en unos furgones buscando menores de edad en casas con piso de tierra. Los funcionarios de la organización le decían a las madres que, vía un tribunal, el menor ingresaría temporalmente a “una protección para el cuidado de los niños”, por eso después ellas los buscaban. “Les quitaban [a los niños] para ser citadas posteriormente al tribunal, pero siempre bajo la amenaza de irse detenidas”. Dos de las víctimas de la red en cuestión son descritas como “madres niñas” cuando ocurrieron los hechos.

Una de las víctimas citadas en el fallo relató ante la justicia que nadie le entregó información alguna sobre el paradero de su bebé y que, cuando fue averiguar, solo le dijeron que había sido llevado a Estados Unidos, “siendo enfática que, en ningún momento autorizó la entrega en adopción de su hijo”.

Aguilar ha desestimado que los ilícitos se encuentren prescritos al tratarse de delitos de lesa humanidad perpetrados en un contexto de régimen militar -la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)- “cuando se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos y la dictadura mantenía por medio de sus agentes e individuos que colaboraban, la dirección y el control sobre todas las Instituciones istrativas de la Nación”. Por ello, el magistrado asegura en su fallo que los hechos deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ministro en visita ha encausado a Ivonne Gutiérrez, Ismael Espinoza, Carlos Vega, Laura Sánchez y Sylvia Vilches por el delito de asociación ilícita. Además, Gutiérrez, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, fue procesada por dos delitos de sustracción de menores y por el delito de prevaricación dolosa. Espinoza, Vega y Sánchez fueron sometidos a proceso como autores de un delito de sustracción de menores.

Sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad durante el régimen militar, el fallo apunta que, “si bien los superiores o jefes no dirigen su voluntad hacia la producción del delito en contra de las víctimas directamente”, sí permiten su realización. En este caso, que la autora material, la jueza Gutiérrez, una funcionara pública, y por tanto, agente estatal, junto con los otros inculpados, lleven a cabos las sustracciones de bebés motivados por un ánimo de lucro.

Las primeras denuncias de sustracción de bebés se conocieron en 2014, luego de un reportaje del medio chileno CIPER. El magistrado Mario Carroza inició una investigación judicial sobre las adopciones irregulares, la mayoría desde el extranjero, entre 1970 y 1999. Acumuló cientos de casos. “Podríamos llegar a una cifra de 20.000 niños. Lo que hay que ver es si ellos salieron de forma irregular o no”, sostuvo entonces Carroza, actual ministro de la Corte Suprema. Cuando arrancaron las investigaciones judiciales en 2017 existían 342 causas y actualmente superan el millar. En general, el destino de esos bebés fue la adopción desde países como Suecia y Estados Unidos y ha habido numerosos casos de reencuentros familiares décadas después.

El magistrado, invocando el Convenio Europeo de Extradición que entró en vigencia en Chile este domingo 1º de junio, ha solicitado a Israel a través de la Corte Suprema la extradición de la procesada Gutiérrez, quien reside en ese país.