Los presuntos responsables de un accidente laboral mortal van a juicio 19 años después del siniestro

Casi 19 años después de que se registrara un accidente laboral en el que murieron dos trabajadores y resultaron heridos otros seis, los seis responsables de la construcción de un edificio de oficinas en Alcobendas (Madrid) se sientan a partir de esta semana en el banquillo de los acusados. Los procesados se enfrentan a penas de cárcel de hasta cuatro años como presuntos autores de un delito de homicidio por imprudencia y otro de lesiones por imprudencia, según el escrito del fiscal que lleva el caso. Este destaca fallos muy graves que se registraron en el apuntalamiento y en la estabilidad estructural del hormigón, lo que supuso que se cayera toda una planta, lo que causó la muerte de dos operarios y las lesiones de otros compañeros.

El accidente se produjo alrededor de las cuatro de la tarde del 13 de julio de 2006, cuando se estaba echando el hormigón sobre el forjado de la cuarta y última planta de un futuro edificio de oficinas, en un complejo de inmuebles de 40.000 metros cuadrados en el kilómetro 3,500 de la carretera M-603 (Alcobendas-Fuencarral). Trabajaban ocho operarios. Uno de ellos bombeaba el hormigón y el resto se encargaba del pulido del cemento. Cuando estaban esperando a que se endureciera la mezcla, de manera repentina se hundió la parte central de la tercera planta. Esto provocó que el edificio se cayera entero. Seis de los ocho obreros pudieron saltar hacia la derecha, lo que les permitió salvar la vida y les produjo heridas de diverso carácter, mientras que otros dos quedaron atrapados entre las losas de las plantas inferiores.

Los dos operarios desaparecidos eran Plácido Oviedo Peláez, leonés de 44 años, casado y con hijos; y Robert Tomasz Wrona, polaco de 32 años, casado y con un niño. Ambos quedaron atrapados entre el amasijo de ferrallas, hormigón y puntales de la obra. Sus cuerpos sin vida fueron rescatados hacia las 18.30. Las familias y sus compañeros recibieron asistencia psicológica tras el accidente.

La instrucción se ha visto envuelta en numerosos retrasos por diversos motivos, como el cambio de titular en el juzgado de Alcobendas y por los numerosos recursos presentados por el alto número de personas físicas y jurídicas personadas. En total, unas 15 partes se han visto envueltas en el procedimiento. Además de los seis acusados, en el procedimiento también están todas las empresas para las que trabajaban estos procesados y las compañías con las que tenían suscritos los seguros de la obra y de la responsabilidad civil. Lo habitual en estos casos es que, al haber pasado tanto tiempo, se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en el procedimiento y las condenas penales se reduzcan de manera ostensible. No suele ocurrir lo mismo con las indemnizaciones, en las que se suman a las cuantías inicialmente solicitadas los intereses legales. Esto eleva el montante final de forma significativa.

El escrito de acusación del fiscal mantiene que el accidente se produjo “por un fallo generalizado del sistema de apuntalamiento y por una falta de estabilidad estructural del hormigón”. Los puntales soportaron un peso superior para el que fueron diseñados, lo que llevó a su rotura: “Esto provocó el fallo de los elementos que tenían que soportar, de forma progresiva, dando lugar al hundimiento del edificio como si se tratara de un castillo de naipes”, explica gráficamente el escrito. “El fallo generalizado del apuntalamiento constituye un defecto de dirección de obra, un defecto de control técnico y un defecto de ejecución de obra”, resume el ministerio público. Y abunda en esta tesis: el proyecto de estructura no cumplía con las medidas de seguridad necesarias, no existía un proyecto del sistema de encofrado que garantizara “la estabilidad del conjunto” y muchos puntales no guardaban la verticalidad debida, ya que su colocación no se hizo de manera adecuada.

En el banquillo de los acusados se sientan Federico S. J., el arquitecto autor del proyecto de la obra; Alicia A. R., aparejadora con facultades de dirección, ejecución y vigilancia de la obra; Juan Antonio T. R., arquitecto técnico y supervisor general del proyecto; Miguel Ángel R. N., responsable del control de los encofrados y de los puntales; Valentín R. P., encargado de obra; y Felicísimo D. G., jefe de equipo de los encofradores. Los cuatro primeros se enfrentan a cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia, mientras que los dos últimos están acusados de un delito por imprudencia por el fiscal, para los que pide dos años y ocho meses de prisión. El fiscal exculpa a otros cuatro investigados, ya que durante la instrucción se ha demostrado, en su opinión, que no tuvieron relación directa con el accidente. Trabajaban en las compañías afectadas, pero no estaban al tanto del desarrollo de la obra.

A todos los acusados se unen los representantes legales de las diversas empresas que promovían o construían el complejo de edificios de oficinas, como responsables civiles subsidiarias, junto con las cinco compañías aseguradoras. La Fiscalía pide que se indemnice a cada una de las viudas de los fallecidos con 172.500 euros y a cada uno de los cuatro hijos con 71.900 euros. Las responsabilidades civiles para los heridos van desde los 701 euros a los 53.500, en función de las lesiones y las secuelas que sufrieron los obreros.