Cómo funcionan los contratos para la venta de armas

España ha comenzado su operación de rearme. El Gobierno —bajo las directrices de la OTAN— ha anunciado una inyección extra de 10.400 millones de euros para financiar el gasto militar. Una inversión que contribuirá a acercar el gasto en defensa al 2% del PIB centrada en reforzar los equipos de seguridad. De ese dinero, 2.000 millones irán destinados a la compra de armamento. El plan es claro: el país quiere ser una potencia militar independiente y no depender del arsenal de terceros países. El objetivo es reforzar la estructura marcial con productos puramente caseros de empresas españolas. Si bien, el Ejecutivo dejó claro que en torno al 5% de las compras se harán fuera de las fronteras, lo que también exigirá transparencia en la negociación entre el Estado y las compañías.

El presupuesto ya se conoce, ahora solo queda pulir los aspectos legales. Un proceso que, según Pablo García-Manzano, responsable del área de Defensa en BDO Abogados, es un puzle de muchas piezas. “El sector de Defensa requiere asesoramiento en M&A [fusiones y adquisiciones], por la complejidad y afectación a los intereses de seguridad nacional. También tiene implicaciones fiscales, laborales y de compliance”, señala.

En el libro Régimen jurídico de la industria al servicio de la Defensa (Aranzadi LA LEY), que hace unos días vio la luz en su segunda edición, un grupo de juristas pone el dedo, precisamente, en la falta de transparencia en estos contratos. Una burocracia farragosa en las licitaciones públicas que puede derivar en un sobrecoste en la cadena de suministro armamentístico. Las empresas del sector temen que la falta de agilidad a la hora de ejecutar los contratos produzca fallos en la cadena de producción y los compromisos legales se queden en el aire. Una solución, señalan algunos de los autores, pasaría por impulsar una ley de contratación pública especial para los encargos armamentísticos.

Revelar todas las condiciones del contrato es un terreno de arenas movedizas. Alberto Palomar, socio de derecho público en Broseta y coautor del libro de defensa, señala que muchas obligaciones son confidenciales. “Permanecen en secreto por afectar a la seguridad y al interés nacional”, recuerda. Lo que sí debe ser público siempre es el gasto de los pedidos. Los ciudadanos tienen derecho a saber el destino de cada euro público invertido en gasto militar. Un concepto que, señala el experto, está muy bien documentado y es “fácil de controlar” en informes públicos como La industria de Defensa en España. En su última edición (2022 y publicado en 2023) desgrana estos detalles. Por ejemplo, el documento revela que el Ministerio de Defensa gastó 523 millones de euros en la industria naval y 409 en el sector aeronáutico. Además, el 70% de los productos que compra la esfera pública son submarinos S-80, helicópteros NH-90 y fragatas N-110.

Una cláusula común de estos rigurosos contratos, señala Pedro Fernández-Villamea, abogado experto en derecho público, es que la esfera pública exige a las empresas acreditar que la cadena de abastecimiento cumplirá con las exigencias de producción. También es habitual ver en los contratos cláusulas posentrega. Entre ellas, añade el experto, se acuerda que sea la compañía la encargada del mantenimiento de los suministros y piezas de repuesto. En caso de que no pueda producir esos materiales, debe asegurar que existe un medio para seguir fabricando ese suministro.

Un mercado volátil

Otro campo escurridizo, a escala legal, es el riesgo imprevisible a la hora de formalizar los contratos. Una arista que preocupa a las empresas del sector. El motivo principal es que los tiempos de ejecución son muy largos, lo que impide emplear el mejor material posible para crear arsenal. Por ejemplo, en la entrega de vehículos militares. “Construir un helicóptero puede tomar al menos dos años; un carro de combate, entre dos y tres, y un submarino, por encima de los tres años”, expone Palomar. Si a ese plazo se le suma el gran número de unidades que se encargan, señala el experto, “encontrar el equilibrio entre el tiempo de ejecución y las mejores técnicas disponibles es un reto continuo”.

La luz roja se enciende cuando las piezas se empiezan a revalorizar, lo que obliga a las empresas a intentar renegociar las condiciones del contrato. En síntesis, porque los precios ya no son competitivos. Los materiales pueden subir su valor, pero en estos casos las empresas no tienen margen de maniobra. Es el órgano público el que tiene la potestad de decidir si subir el coste o no. “Más allá de valorar dicha incertidumbre e incluir su importe en la oferta, las compañías carecen de medios para blindarse”, señala Estrella Pardo, directora corporativa de la Secretaría General en Grupo Oesía. Para la experta, la solución sería una modificación legislativa que incluya la revisión de precios para estos casos. “Es la única medida que puede mantener un equilibrio equitativo en los contratos, proporcionaría seguridad a las empresas en el momento de la licitación y evitaría tener que aprobar disposiciones normativas, como ya ocurrió en pandemia”.

Como ya comentó el presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), Ricardo Martí-Fluxa, en un evento organizado por BDO Abogados, es el momento de actuar. “Hemos pasado de ser defendidos a tener que defendernos”, expresó. “Tenemos que reducir dependencias externas, impulsar las capacidades industriales propias y reforzar el tejido productivo nacional”, dijo. Para ello, incide, el sector requiere menos burocracia, más claridad estratégica y una buena dosis de financiación.