Un juzgado investiga por cohecho a funcionarios de la cárcel de la asesina del niño Gabriel por darle un móvil a cambio de sexo

El juzgado número 4 de Ávila investiga desde hace casi un año un posible delito de cohecho por parte de algunos funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila). Según consta en las diligencias de investigación a las que ha tenido EL PAÍS, los trabajadores públicos presuntamente habrían mantenido relaciones sexuales con la interna Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018, a cambio de facilitarle un teléfono móvil.

La declaración ante los investigadores de la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila de un educador del centro penitenciario coincide con las de otras tres reclusas y la de la de la actual pareja de Quezada, una mujer. Todos ellos señalan que la asesina del niño conocido como el Pescaíto habría estado manteniendo relaciones sexuales con funcionarios y con un cocinero de la prisión, y habría grabado con su teléfono algunas de ellas con el fin de “chantajear” o “coaccionar” a la dirección de la cárcel para conseguir ser trasladada a Barcelona. En uno de los informes de la directora de la prisión recogido en las diligencias, esta reconoce haber “tenido conocimiento de ”datos de especial relevancia sobre la interna" a través de un educador.

“La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda”, recoge el informe de la directora de Brieva, Laura Pérez. Y sigue: “Según ella, este dispositivo se lo proporcionó el funcionario” que aparece en las diligencias en calidad de investigado y que fue detenido el 4 de septiembre de 2024 “por considerarlo supuesto autor de un delito de abuso de función pública”.

El informe de la directora de la cárcel deja constancia de que “Ana Julia refiere en la entrevista con el educador que ha sido víctima de una violación, al haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario en cuestión y aprovecharse este de su situación de superioridad y poder con respecto a ella”.

Expedientes disciplinarios

En un oficio del juzgado del pasado 6 de marzo se amplían las diligencias “por si hubiere lugar a expedientes disciplinarios” contra Ana Julia Quezada y el cocinero de la prisión (personal laboral del centro), que no constan como investigados en el procedimiento.

El citado informe de la directora de la prisión advierte de que, según lo manifestado por el educador, “el móvil con las grabaciones lo tiene la pareja actual de Ana Julia”, y que ésta “chantajea con sacarlas a la luz amenazando”, según sus palabras textuales, “con hundir el centro y a su dirección”. Además, “refiere que el funcionario avisaba a la interna cuando se le iba a realizar un cacheo para guardarle el móvil e imposibilitar su detección durante el registro”, tal y como explican en sus declaraciones a los investigadores las otras tres reclusas y la propia pareja de Quezada. Según sus testimonios, los encuentros sexuales “se producían por las noches en su celda”.

La investigación en curso responde a la denuncia interpuesta el pasado verano por la madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez. Esta última realizó el 11 de mayo de 2024 una denuncia pública, dando una rueda de prensa en Almería, en la que manifestó que había tenido conocimiento por “fuentes directas” de que la asesina de su hijo contaba con un teléfono móvil en la cárcel. Aseguraba ya entonces Ramírez que Quezada estaba haciendo uso de él para mantener entrevistas con periodistas y una productora que pretendía realizar un documental sobre ella y la muerte de su hijo.

La misma denuncia —aseguró entonces— había sido transmitida previamente por Ramírez, directamente y de viva voz, a los responsables del Ministerio del Interior en diciembre de 2023, cuando mantuvo una entrevista personal con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y con el secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en el propio ministerio para informarles del asunto. La ausencia de respuesta y la inacción del Estado ante sus graves denuncias y súplicas llevó después a Patricia Ramírez hasta el Senado el 11 de junio de 2024, para denunciar su indefensión como víctima de un delito violento y, de paso, parar la producción del documental en ciernes.

Posteriormente, la madre del niño Gabriel, que actualmente se encuentra inmersa en una batalla contra la explotación mediática del dolor de quienes han sido víctimas de horribles delitos violentos como ella o Ruth Ortiz, interpuso una denuncia, que ha dado lugar a la actual investigación judicial en Ávila, donde se encuentra la prisión de mujeres de Brieva, con unas 70 internas, entre ellas Ana Julia Quezada.

Los investigadores reflejan en sus diligencias, a la luz de las declaraciones recogidas a los testigos, que “Ana Julia le contó al educador que tenía unas grabaciones en ropa interior de un funcionario dentro de su celda, las cuales habría conseguido grabando con un teléfono móvil que el propio funcionario le habría facilitado. Este funcionario, supuestamente, le avisaría de cuando iban a tener lugar las inspecciones, y le escondería el móvil cuando estas tenían lugar, llegando incluso a escondérselo en su propia casa”, detallan.

Según las declaraciones tomadas por los investigadores, el teléfono habría entrado en la prisión con la connivencia del cocinero, que previamente habría quedado con la pareja de Quezada para recoger el terminal y dárselo. Posteriormente, el terminal habría salido de la prisión —después de la denuncia pública de Patricia Ramírez sobre este asunto en Almería—, con la ayuda del principal funcionario investigado. Éste se lo habría devuelto a su pareja aprovechando un vis a vis entre ambas. Justo antes de que Interior ordenara un registro, tras la rueda de prensa de la madre del niño Gabriel Cruz.

Aquel registro en la celda de Ana Julia Quezada resultó infructuoso. Pese a que la interna pasó varios días en régimen de aislamiento, el teléfono nunca apareció.

Según lo declarado por la pareja de Quezada a los agentes, “en septiembre de 2023 el cocinero de la prisión ó con ella para que le diese un teléfono antes del siguiente vis a vis, para así introducirlo en prisión y hacérselo llegar a Ana Julia. El 1 de octubre de 2023, la pareja de Quezada y el cocinero se vieron en un parking para realizar la entrega del teléfono”. Aunque la pareja de Ana Julia reconoce que esta mantuvo relaciones sexuales con al menos dos funcionarios de la prisión a cambio de “regalos”, asegura desconocer si las grabó.

La investigación continúa, y en ella se ha tomado declaración recientemente a la propia Ana Julia Quezada, que efectivamente ha pedido el traslado de la prisión. Tanto ella como Patricia Ramírez han solicitado personarse como acusación particular en la causa, pero ambas demandas han sido denegadas por el juez al considerar que “no ostentan la condición de ofendidas o perjudicadas por el delito de cohecho que se investiga”.