La Fiscalía de Badajoz pide el archivo del caso del hermano de Pedro Sánchez: “Se sustenta en conjeturas”

La Fiscalía Provincial de Badajoz ha presentado este jueves un recurso de apelación en el que pide que se archive la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un delito de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal por haber conseguido en 2017 un puesto de alto cargo en la diputación pacense presuntamente de manera irregular. También se le acusa de haber mediado, desde ese cargo, para que un amigo suyo y extrabajador del Palacio de La Moncloa consiguiera un empleo en la misma institución. “La imputación efectuada por la magistrada instructora no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad”, dice el escrito, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido este periódico, que se sustenta en dos cuestiones: “El carácter irracional de las inferencias realizadas por la magistrada instructora y, por otro, en la imposibilidad de incardinar los hechos referidos en el auto de 28 de abril de 2025 en los delitos de prevaricación istrativa y tráfico de influencias”.

Este recurso llega dos semanas después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa, dictase el auto con el que daba el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a David Sánchez y a otras 10 personas, entre los que se encuentra el presidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Gallardo. También llega un día después de que las acusaciones personales personadas en el caso solicitaran tres años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez, la inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa del doble del beneficio que hubiera obtenido durante los años que cobró de la Diputación de Badajoz.

El ministerio fiscal arremete contra la instrucción de la jueza e intenta derribar los argumentos: “La conclusión incriminatoria de la magistrada a quo se sustenta en conjeturas e hipótesis que, si bien pudieron ser consideradas suficientes para justificar la incoación del procedimiento, no cuentan —ni siquiera con la provisionalidad propia de esta fase procesal— con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios fuera creado ad hominem, esto es, a la carta, con el objetivo de beneficiar a David Sánchez”.

La causa contra el familiar del jefe del Ejecutivo comenzó hace un año, a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias sustentada en publicaciones donde se acusaba que David Sánchez no acudía a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, como coordinador de los conservatorios, que no realizaba las funciones que tenía asignadas y que residía en Portugal para presuntamente no pagar impuestos en España. La denuncia también aseguraba que tenía un patrimonio, valorado en dos millones de euros, desproporcionado al sueldo que percibía. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, luego respaldado por la entidad financiera donde el hermano de Sánchez tiene depositada acciones, descartó el supuesto enriquecimiento ilícito y, posteriormente, la propia jueza concluyó que tampoco existía ningún delito fiscal.

Pese a que parte de estas acusaciones se descartaron por la investigación judicial, la magistrada abrió otras vías: como la presunta contratación irregular de un extrabajador de La Moncloa amigo de David Sánchez. Durante las pesquisas, se ha tomado declaraciones a decenas de personas y la Guardia Civil ha realizado varios registros de la diputación pacense, donde intervinieron documentación y correos electrónicos de los implicados.

Las conclusiones de la instructora en su último auto apuntan a que “existen indicios” de que “David Sánchez Pérez-Castejón, teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios [de la diputación pacense] se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”. La magistrada también le atribuye haber “utilizado influencia” en la Diputación “para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

En cuanto a Miguel Gallardo, presidente de la diputación y ahora líder de los socialistas extremeños, la magistrada señala que es “inverosímil” que “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección” no tuviera conocimiento de este nuevo puesto y que desconociera que “estaba destinado a ser adjudicado” al hermano de Pedro Sánchez. Añade además que, una vez que David Sánchez se incorporó al puesto, Gallardo y él “tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”. Por esto, concluye que Gallardo participó “directamente en los hechos”.

La Fiscalía señala en el recurso que tanto la conclusión como la hipótesis incriminatoria alcanzada por la magistrada incurren “en notables contradicciones” donde se aprecia “una notoria falta de coherencia interna en los planos fácticos y jurídicos. Sobre el cargo que consiguió David Sánchez, el ministerio fiscal descarta que su concepción “obedeciera a motivaciones espurias”, sino que fue una “decisión legítima” y que “son numerosos los elementos que permiten concluir que la creación del puesto de Coordinador de los Conservatorios estaba justificada desde la perspectiva del interés público”. Entre estos elementos, enumera varias declaraciones de otros testigos en la causa que afirmaron que la creación y contratación fue “razonable”.

También señala que la diligencias practicadas acreditan, tanto a través de documentación como de testificales, que el hermano de Pedro Sánchez sí cumplió con sus funciones laborales: “No existe ninguna duda de que no simuló en ningún caso el desempeño de una actividad profesional con el fin de enriquecerse ilícitamente”.

Sobre la implicación de Gallardo, la Fiscalía afirma que es “una conjetura carente de toda base fáctica” ya que, sostiene, “no existe un solo indicio que permita afirmar que, con anterioridad al 11 de octubre de 2016, conocieran la existencia de David Sánchez”. En este sentido, también subraya que, en el momento de la contratación, Pedro Sánchez ya había renunciado a la dirección del PSOE y el actual secretario del PSOE extremeño se había situado públicamente en la candidatura de la andaluza Susana Díaz. “No se alcanza a entender que Miguel Ángel Gallardo pudiera estar dispuesto a delinquir en favor de D. Pedro Sánchez o de su entorno, cuando no solo no le prestaba su apoyo para liderar el partido, sino que se posicionaba claramente en su contra”, asegura el ministerio fiscal en el recurso de apelación.