El Constitucional aborda la amnistía en un clima de pulso entre conservadores y progresistas

Cuando acaba de cumplirse un año de la entrada en vigor de la ley de amnistía –aprobada por el Congreso el 30 de mayo de 2024- el Tribunal Constitucional (TC) va a iniciar su examen con un primer pleno “para estudio” del proyecto de sentencia. Será el próximo 10 de junio cuando la vicepresidenta del tribunal y ponente del caso, Inmaculada Montalbán, expondrá su propuesta de resolución. Lo previsto es que no se entre ya en la deliberación del texto, que empezará a ser debatido en el siguiente pleno, fijado para el 24 del mismo mes. Con ello se pretende que los magistrados hayan podido contar con unas tres semanas para analizar el proyecto de fallo.

Este calendario se ha establecido tras la decisión del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, de rechazar la iniciativa de tres magistrados del bloque conservador para que se suspendiera la tramitación de los recursos contra la ley hasta que la justicia europea se pronuncie. Esta propuesta contó desde el principio con la oposición de la mayoría progresista del tribunal.

El debate se inicia en un clima de pulso entre ambos sectores, conservador y progresista. En este último existe el convencimiento de que el PP se ha sumado ahora a la petición de los magistrados conservadores de esperar a la resolución europea en un último intento de dilatar el proceso. Fuentes del TC sostienen que la iniciativa no tiene posibilidades de prosperar y consideran “muy irregular” que los populares no planteasen que había que suspender la tramitación de su recurso y consultar antes a la justicia europea cuando presentaron su impugnación. Sobre esta cuestión no se prevé una marcha atrás. La decisión de que el recurso del PP esté resuelto este junio, o a lo sumo en julio próximo, es firme.

El borrador de resolución ya está redactado, y si bien avala en lo esencial la ley, en medios del tribunal se estima que en su versión definitiva contendrá al menos alguna o algunas “interpretaciones conformes”, fórmula que significa que hay aspectos que serán considerados constitucionales siempre que se interpreten según pautas concretas que dará el tribunal.

Más incierto es el posible regreso a España de Carles Puigdemont. Aunque el TC avale la ley, el levantamiento de las medidas cautelares impuestas al expresident quedará en manos del Supremo. Este tribunal será el que decida si deja sin efecto las vigentes órdenes de detención en España, así como si plantea una consulta a Europa sobre la aplicación de la sentencia del órgano de garantías. El fallo del TC solo va a analizar la constitucionalidad de la ley. Para decidir sobre la situación de Puigdemont sería necesario resolver su recurso de amparo contra la negativa del Supremo de aplicarle la amnistía al delito de malversación. Ese recurso aún no se ha presentado, porque todavía no está agotada la vía previa ante el Supremo, que no ha imprimido celeridad a sus trámites.

Los dos sectores del TC han estado preparando los plenos por separado. El órgano de garantías cuenta desde enero de 2023 con una mayoría progresista, sucesora de una anterior con predominio conservador. En ambos casos por siete votos a cinco, pero de signo opuesto. En el caso de la amnistía, el tribunal va a quedar constituido por 10 magistrados, en lugar de los 12 que integran el pleno. El magistrado y exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo se apartó él mismo de la deliberación tras haber dictaminado que una amnistía sería inconstitucional cuando impulsó desde el Gobierno los indultos a los líderes del procés. El PP, informa Efe, ha anunciado que hoy presentará un escrito para pedir que se retire también Conde-Pumpido, alegando que su esposa, Clara Martínez de Careaga, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), participó en la elaboración de un informe sobre la ley de amnistía. Fuentes del tribunal restaron importancia a la solicitud, destacaron que Conde-Pumpido ya fue objeto de otros intentos falldios de recusación y consideraron muy probable que esta también se rechace.

Quien sí ha sido excluido es el magistrado conservador y también exvocal del CGPJ José Mario Macías, recusado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La recusación fue aceptada, con el voto en contra del sector conservador, por los tajantes pronunciamientos de Macías contra la legalidad del perdón a los líderes del procés, realizados cuando era miembro del órgano de gobierno de los jueces. Macías llegó a decir que la amnistía tendría “irremediables consecuencias”. Su exclusión ha sido el principal objeto de las tensiones en el seno del tribunal, aunque no todos los del grupo conservador le han respaldado con idéntica intensidad.

A Macías le había correspondido elaborar el proyecto de sentencia sobre el recurso del PP, en virtud del turno de reparto de los asuntos. Macías tuvo tiempo de preparar la resolución favorable a la isión a trámite de la impugnación, algo que en todo caso no estaba en discusión. Su recusación tuvo que ser decidida antes de que empezara a redactarse la ponencia sobre el fondo del asunto, tarea que pasó a manos de Inmaculada Montalbán en febrero pasado. El sector conservador puso en marcha entonces una estrategia de rechazo a la exclusión de Macías, que debilitaba al grupo, al dejarlo en cuatro en lugar de cinco. Con ello se alejaba la hipótesis de que pudiera existir un empate en la votación sobre la ley si uno solo de los del grupo progresista ponía objeciones a puntos básicos de la norma. En ese caso, el aval a la amnistía habría dependido del voto de calidad del presidente del tribunal, quien ya ha denunciado en más de una ocasión la existencia de intereses y presiones de grupos políticos, económicos y mediáticos para torcer la voluntad mayoritaria del órgano de garantías.

Al debate se llega con las espadas en alto entre ambos sectores. Se ha vuelto a comprobar con la petición de los conservadores Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa de que el TC se plantee cuestionar a su vez la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como han hecho la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Tribunal de Cuentas y un juzgado de Vilanova i la Geltrú. Una solicitud que, en cambio, no suscribió el magistrado Ricardo Enríquez, también del bloque conservador, mientras los otros tres de ese sector planteraron paralizar el estudio de la sentencia. Ambas pretensiones fueron rechazadas de plano por Conde-Pumpido.

La batalla se reabrirá a partir del 10 de junio, ya que el bloque conservador va a insistir en su tesis de que debe consultarse antes a la justicia europea, al considerar probable, si no segura, la inconstitucionalidad de la ley. En medios del tribunal se da por hecho que la doble propuesta del bloque conservador tampoco saldrá adelante esta vez cuando sea defendida en el pleno. Pero ese primer choque permitirá tomar temperatura a la situación con que se inicien las deliberaciones sobre el perdón de los líderes del procés.