La precariedad de la vivienda condena la salud de los afectados: “Mi hija ha dejado de comer”
Un informe estima que las leyes impulsadas por entidades sociales en Cataluña han paralizado 1.000 desahucios al año y 200.000 cortes de suministro desde 2015
La hija mayor de Nadia Mermouri (34 años) dejó de comer y su hermana, recuerda la madre, a veces pregunta si se van a quedar sin casa “nuevamente”. A principios de 2017, los dueños del bloque donde se encontraba la vivienda de esta familia de Ciutat Vella decidieron subirles el precio del alquiler. Mermouri cobraba 640 euros y “no podía pagar” lo que solicitaban, comenta antes de una asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, de la que forma parte. Ese mismo año le llegó la primera demanda de desahucio, un proceso que se alargó durante meses, con hasta tres lanzamientos que la entidad pudo detener.
Cuando en 2018 se llegó a un acuerdo, los servicios sociales le proporcionaron a la familia un “piso puente” en Trinitat Vella, a 30 minutos del barrio donde habían vivido toda su vida. La vulnerabilidad que acreditaba finalmente le permitió acceder a un alquiler social. Tardaron 26 meses en entregarle la vivienda.
Durante este tiempo, Nadia ha experimentado episodios de ansiedad. Tampoco ha podido dormir ni comer satisfactoriamente. Estos aspectos se han cronificado desde hace unos meses, cuando descubrió una subida en su alquiler social de más de 250 euros: “Estoy en la misma situación que antes”, apunta Mermouri. También ha solicitado un cambio de domicilio: “Debajo de mi casa hay muchos conflictos, se pinchan, hay relaciones sexuales, hay peleas. Tenemos informes médicos de mi marido, que lo agredieron el último junio. Mi hija mayor lo ha visto todo, tiene miedo de bajar, otra vez ha dejado de comer”, destaca la madre, que ha tenido que ir a un psicólogo por sus problemas con la vivienda.
El malestar psicológico afecta a tres de cada cuatro personas con inseguridad residencial y/o pobreza energética en Cataluña, según un informe presentado este jueves en Barcelona por el Observatorio Desc, Ingeniería sin Fronteras, la PAH, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. La inseguridad residencial, que afecta principalmente a mujeres y menores según el documento, puede suponer una mayor probabilidad de depresión, ansiedad o casos de suicidios, como el que ocurrió recientemente en un barrio de Sant Andreu, en Barcelona.
Ana Novoa, médica y técnica de la Agencia de Salud Pública, destacó durante su intervención que las cifras en los afectados son “mucho más elevadas que las que observamos en la población general”. En concreto, se trata de un 78,4% de malestar psicológico en mujeres y un 74,4% en hombres, frente al 16,4% de la población general; mientras que “la mitad [de los afectados] presenta depresión” (52% tanto en hombres como en mujeres, frente al 4,7% en el conjunto de España).
En cuanto a los menores, un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas con inseguridad residencial responden a un estado de salud “regular o malo”, frente al 2,8% y 2% que, respectivamente, se encuentran en el mismo estrato entre los menores de Barcelona sin este problema. “En aquellas personas en las que coexisten más inseguridades en diferentes ámbitos, la salud es peor”, ha sintetizado la experta a propósito de los resultados del estudio Estado de la exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta, que también tiene como objetivo analizar la función que han tenido entidades sociales como la PAH o APE en la emergencia habitacional que vive Cataluña durante los últimos años.
Estas entidades han defendido que las leyes y las medidas que han impulsado han logrado paralizar anualmente en torno a 1.000 desahucios, además de 200.000 cortes de suministro desde 2015. En ese año entró en vigor la célebre Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, con un camino que se ha distinguido por ser turbulento: “No podemos olvidar que las medidas de vivienda y alquiler social obligatorio de esta ley han estado impugnadas hasta tres veces”, ha recordado Guillem Domingo, del Observatorio Desc, sobre las suspensiones que sufrió la norma en el Tribunal Constitucional. “La ley ha estado la mitad del tiempo vigente. Esto explica los resultados desiguales”, ha agregado.