Las trabas para empadronar a ocupas llevan a Martorell y Lleida a los juzgados

Los ayuntamientos están obligados a empadronar a todas las personas que viven en sus municipios, incluso si están ocupando una vivienda. Pero no todos cumplen. Algunos se saltan la normativa sin disimulo y hasta presumen de ello. Como Martorell, cuyo alcalde, Xavier Fonollosa, pretende liderar una rebelión de ediles contra una normativa que considera “enfermiza”. “Aquí no empadronamos a ocupas. No podemos dar derechos a quien comete un delito”, explica. Otros, como Lleida, aseguran que acatan la ley, aunque ponen trabas más o menos intensas. Entidades y partidos que defienden el derecho universal al padrón —que da a la salud, la educación o los servicios sociales— han llevado a esos dos municipios a los juzgados y presionan para que el Parlament apruebe una resolución.

Con casi 30.000 habitantes y a 30 kilómetros de Barcelona, Martorell se niega a empadronar a ocupas. “Solo empadronamos a personas que tienen un contrato de alquiler, una escritura de compraventa o la autorización del propietario para residir; en este último caso, pedimos que el propietario venga a acreditarlo”, afirma Fonollosa en una entrevista con EL PAÍS. El alcalde, de Junts per Catalunya, advierte de que la decisión no tiene “nada que ver con la inmigración”, sino con una determinada interpretación de la ley. “De un delito, como la usurpación, no pueden emanar derechos. ¡Es el mundo al revés!”, lamenta el edil, que también es jurista y critica que la “tolerancia” con la ocupación ilegal es solo una forma de “esconder el problema del a la vivienda”.

Seis vecinos que ocupan viviendas y a quienes el municipio se niega a empadronar, han llevado al Ayuntamiento de Martorell a los tribunales. A través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han presentado un recurso a los juzgados contencioso-istrativos para que se tramite su padrón por vulneración de derechos fundamentales. “La ley es muy clara al respecto. El padrón es un censo y el ayuntamiento tiene la obligación de tener una foto fidedigna de la gente que reside en el municipio. Además, es un metaderecho, es la puerta de entrada a la obtención de otros derechos como la educación o la salud”, razona Esther Sancho, la abogada que firma la demanda.

Fonollosa niega que esté incumpliendo la ley y asegura que solo empadronará a ocupas si un juez lo ordena. Lo cierto es que, guste más o menos a los alcaldes, la normativa es prístina. Ya en 2015, el Consejo de Empadronamiento —un órgano de colaboración entre el Estado y los ayuntamientos— concluyó que deben tener al padrón “todos los que acrediten vivir habitualmente” en un determinado municipio “con independencia del título jurídico que ostenten”. Estar inscrito en el padrón, afirmó ese organismo, no supone ni mucho menos “un reconocimiento de la titularidad del inmueble” ni “suaviza o evita” las consecuencias del presunto delito de usurpación. Pero sigue siendo una obligación.

A la espera de que el juzgado decida si ite la petición, Sancho se ha embarcado en otra demanda, en este caso contra el Ayuntamiento de Lleida. Gobernado por el Fèlix Larrosa (PSC), el consistorio aprobó un reglamento que impuso una audiencia previa con el propietario de la vivienda antes de decidir si se empadronaba a una persona que no tenía título habilitante (alquiler o propiedad). Tras presentar el recurso, impulsado por los grupos de Esquerra y la CUP, el consistorio “sacó una versión suavizada” en la que ya no se negaba el padrón, pero “se mantenía la audiencia previa”, explica Sancho.

Preguntado por el conflicto, el Ayuntamiento de Lleida asegura que sí empadrona a ocupas siempre y cuando se “acredite por alguna vía la residencia efectiva en el domicilio”. El protocolo que regula el proceso es “muy garantista”, defiende un portavoz: primero se lanza una consulta a los servicios sociales, y si acreditan que la persona reside allí, se la empadrona. Pero si eso no ocurre, Lleida comprueba “por los medios legales que se consideran oportunos” (incluido el envío de una notificación certificada y con acuse de recibo) que la persona aspirante al padrón reside allí. El mismo portavoz ite que también otorga “un trámite de audiencia” al propietario. “No es una petición de autorización o denegación, sino una consulta más dentro de la fase de instrucción del expediente” para que el propietario sea parte en el proceso y se le informe del resultado. Este sistema, insiste el portavoz, garantiza el derecho del empadronamiento y fija, al mismo tiempo, “mecanismos de verificación y control”.

El precedente de Premià

Mientras se tramitan esos dos casos, la abogada recuerda que hay precedentes. En 2020, el Ayuntamiento de Premià de Mar aprobó una moción con el objetivo de combatir la ocupación ilegal: solo las personas con título de propiedad o contrato de alquiler podían darse de alta en el padrón. El síndic de greuges denunció que la medida infringía el ordenamiento legal y los grupos de la oposición, también de la mano de Sancho, presentaron una demanda en los juzgados para anular la moción. Dos años más tarde, un juez de Barcelona les dio la razón. La sentencia concluye que “la inscripción en el padrón es un derecho y una obligación” y que el único requisito es que “exista residencia en el municipio”. “Da igual que se resida en una vivienda, en una granja, debajo de un puente o en una construcción inadecuada. Da igual que se disponga de contrato de alquiler o de título de propiedad. Da igual que sea un okupa como un extranjero ilegalizado”, afirmó el juez.

Martorell y Lleida forman parte de una relación de nueve municipios catalanes que, según un estudio de 2024 de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) o bien niegan el padrón a ocupas o bien los someten a un “procedimiento confuso” cuyo resultado, a efectos prácticos, es que se acaba obstaculizando el empadronamiento. El informe incluye, además de los citados, a municipios gobernados sobre todo por el PSC (Balaguer, Calafell L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Mataró o Tremp) y, en menor medida, por Junts (Llagostera).

Consultados por este diario, los ayuntamientos aludidos niegan que no estén empadronando a ocupas y aseguran que cumplen la normativa. “Nos guste o no, los tenemos que empadronar, no nos saltaremos la ley”, explica un portavoz de Calafell, localidad donde abundan las segundas residencias y que ha sufrido especialmente el fenómeno de la ocupación. “En algún momento planteamos la posibilidad de pedir cambios legales, pero nunca se ha sacado adelante”, agrega el portavoz. Llagostera, por su parte, asegura que empadrona a las personas “una vez que se ha verificado que viven en aquel domicilio”. Tremp explica que hace “las comprobaciones pertinentes” para “acreditar el domicilio de residencia”, pero “no hace valoraciones en términos de propiedad” al empadronar a las personas.

La Xarxa d’Entitats pel Padró busca, en ese contexto, un consenso político amplio para evitar que los ayuntamientos obstaculicen el empadronamiento. La plataforma de entidades se ha reunido recientemente con casi todos los partidos catalanes para que el Parlament se pronuncie al respecto y blinde el al padrón en todos los frentes, no solo en el que tiene que ver con los ocupas. Esquerra Republicana ha propuesto multar a los municipios que incumplan sus obligaciones.