El censo ‘secreto’ del aeropuerto de Barajas revela que viven 412 personas: más de la mitad empadronados en Madrid y el 38% trabaja

Un documento de 33 páginas ofrece la información más completa hasta ahora sobre los centenares de personas que usan el aeropuerto de Barajas como su casa. Se trata de un censo que revela sus circunstancias personales, su origen, dónde están empadronados y de quién sería la competencia de atenderlas. El texto circula desde el pasado lunes, pero nadie ha querido hacerlo público. Ni sus autores —una entidad religiosa integrada por Cáritas—, ni el Ayuntamiento, ni AENA, ni la Delegación de Gobierno, ni la Comunidad de Madrid. Quizá porque no deja bien a nadie. “Máxima discreción”, alertaban a cualquiera que preguntara por él.

EL PAÍS ha accedido a ese censo que fotografía la realidad oculta del aeropuerto: sinhogarismo, problemas de salud física y mental, discapacidad, inmigración, empleo precario, exclusión residencial… Barajas como síntoma, como espejo, de lo que ocurre en los márgenes de nuestras ciudades. “Solo un trabajo de colaboración entre diferentes actores permitirá encontrar soluciones adecuadas”, alerta el documento.

El censo se realizó a lo largo de la última semana de marzo y las dos primeras de abril. Varios voluntarios, cuestionario en mano, recorrieron las cuatro terminales entre las 21.00 y las 23.00. El 25 de marzo, final de mes, se toparon con el mayor número de personas. Contaron hasta 421 personas, más de la mitad en la terminal 4, de las que solo accedieron a responder 137. A pesar de las limitaciones de una radiografía de estas características, se considera una muestra fiable.

Entre los principales hallazgos destaca que el 78% son hombres, casi la mitad entre 45 y 64 años. Hay pocas mujeres, pero llama la atención que el 80% tenga más de 45 años. En el cómputo general, casi el 22%, entre hombres y mujeres, supera los 65 años. El 74% son extranjeros, de 33 países distintos, pero sobre todo de América Latina. Un 5% de los entrevistados mostraba una discapacidad evidente, mientras que un 7% tenían problemas de higiene, “una llamada de atención”, según el documento, ante situaciones de salud y exclusión que requieren medidas específicas. Más del 50% de todos ellos duermen en el aeropuerto desde hace más de seis meses.

Más de la mitad está empadronado en la capital

Una de las claves a la hora de asumir responsabilidades es que el Ayuntamiento de Madrid defiende que solo debe hacerse cargo de personas que tienen “vínculos con la ciudad”. Se trataría de personas residentes en Madrid y/o que ya hacen uso de los servicios sociales municipales. El estudio presenta dos fórmulas para esclarecer esta cuestión. Por un lado, el empadronamiento, que revela que el 52% declaró estar registrado en la capital. La mayoría no recibe un acompañamiento social prolongado en el tiempo, pero sí son s habituales, por ejemplo, de comedores sociales.

Por otro, se cuestionó específicamente por esos vínculos con la capital y el 32,12% afirmó haber residido en Madrid, o tener familia, trabajo, o hacer uso de recursos sociales. Hay, sin embargo, otro 38% que respondió de forma dubitativa o inexacta.

El informe, en cualquier caso, concluye: “Más de la mitad de personas respondieron sí estar empadronadas en la ciudad, por lo que parece ser necesaria una respuesta desde el ámbito local”.

Cuatro de cada diez sale del aeropuerto para trabajar

Según el informe, el 38% no solamente salen del aeropuerto durante el día, sino que además lo hacen para trabajar. Para estas personas, el problema es fundamentalmente habitacional. Algo que se pone de manifiesto en el informe cuando se enumeran las medidas que deberían de ser tomadas a medio/largo plazo. “Se requiere una revisión profunda de la política de vivienda en la región, ya que, si no, todas las medidas serán temporales y muy limitadas en el impacto”, se lee.

Acento latino y arraigo en España

Las personas extranjeras sufren más riesgo de exclusión (son el 50% de las personas sin hogar en España, según el INE) y el aeropuerto de Barajas lo constata. Entre las personas que se refugian en el aeródromo, el 74% vienen de otros países. Hay sobre todo latinoamericanos, que representan un 46% de los extranjeros. Los africanos no llegan al 10%.

El censo revela una información importante y es que la mayoría de estos extranjeros ya llevan mucho tiempo en España. Solo un 21% acaba de llegar, lo que sugiere que su situación de sinhogarismo está muy relacionada con un proceso migratorio reciente; un 20% lleva entre seis meses y dos años; y un 45% está aquí hace más de cinco años.

El censo refleja que solo un 13% de los extranjeros dice estar sin documentación (en situación irregular), pero si se incorpora a aquellos que tienen sus pasaportes como única documentación, la irregularidad actual o inminente puede elevarse al 39,6%. Los extranjeros en situación irregular no son necesariamente competencia del Ministerio de Migraciones, pero son un indicador de la exclusión que supone no tener papeles en España y de cómo fallan las políticas de integración.

Sin número de solicitantes de asilo

El censo no especifica cuántas solicitantes de asilo duermen en el aeropuerto. El tiempo de estancia en España o la falta de documentos no permitan identificar a ese colectivo, el de personas que piden protección en España alegando que corren riesgo en sus países. Este es el único perfil claro en el que el Gobierno central tiene competencias: su acogida depende del Ministerio de Migraciones y la tramitación de Interior. Hay además otro colectivo en el que Migraciones podría involucrarse más: el de las personas que no han podido acceder (o les han echado) de recursos de ayuda humanitaria tras su llegada en patera, por ejemplo. “A pesar de que no sea el grupo mayoritario, sí hay algunas personas de ese perfil”, señala el documento.

Competencias: los grandes ausentes, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos

El falso debate sobre las competencias lleva meses retrasando la solución para las personas que viven en el aeropuerto. El documento deja bastante claro quién debe actuar y, en definitiva, la respuesta es todos. Algunos, eso sí, tienen más responsabilidad que otros.

En primer lugar, se menciona al Ayuntamiento de Madrid por sus competencias en emergencia social. El informe recomienda al consistorio que amplíe sus recursos de emergencia para dar respuesta a esta realidad. “Tensionar más la red actual ya saturada no sería solución de ningún tipo ni para el grupo de Barajas ni para las personas que ya están a la espera de respuesta”. Se apela también a los municipios aledaños a quienes reprocha la “ausencia de recursos alternativos de emergencia”. Este es “un problema estructural de la región, que sobredimensiona la exclusión de la capital”.

La Comunidad de Madrid, ausente en este debate público, tendría tres vías de actuación posibles. El informe invita a que se refuercen las políticas de integración para recuperar a personas en situación de sinhogarismo. El Gobierno regional, además, como se ha hecho en Cataluña con el aeropuerto de El Prat, puede asumir las tareas de coordinación entre los diferentes municipios que deben actuar. Y, por último, puede apoyar económicamente algunas de las medidas que se implementen. “Cuando se trata de personas en situación de exclusión crónica o sinhogarismo de larga duración, corresponde a la Comunidad activar recursos como pisos de inserción, formación o empleo protegido en coordinación con los servicios municipales”, se lee en el informe.

En cuarto lugar, se apela al Gobierno central que “sin duda” tiene competencia en aquellas personas recién llegadas que no hayan podido acceder a recursos de protección internacional (asilo) o ayuda humanitaria, dirigida a personas recién llegadas en situación irregular. Aunque es un grupo cuyo número está sin definir, el informe hace un llamamiento a la Delegación de Gobierno para que coordine. Y, en este punto, el documento se refiere a departamentos que poco pueden hacer en Barajas, pero cuya gestión tiene un impacto en la precarización de los inmigrantes. “Es importante señalar la relevancia de las políticas de extranjería, dependientes del Ministerio del Interior y que, en ocasiones, dificulta la incorporación de las personas a la condición de ser solicitantes de protección internacional o a los mecanismos de arraigo entorpeciendo sus procesos de integración”.

Por último, a AENA se le atribuyen “dos papeles fundamentales”. Primero, humanizar la gestión y, después, evitar la proliferación de bulos y desinformación. El informe, además, demanda que se aplique “una política de no expulsión” (ya se han impuesto controles de ) y un papel de “colaboración activa” para diseñar protocolos, coordinar actuaciones y detectar y derivar personas a los recursos adecuados.

El informe no menciona ni al Ministerio de Transportes, ni al de Derechos Sociales, ni al de Interior (más allá de una referencia indirecta) como actores que deban intervenir. Departamentos a los que el Ayuntamiento de Madrid ha reclamado que actúen.