Contaminar menos tiene (alguna) ventaja fiscal

Pequeños gestos de particulares y empresas, como mejorar la climatización de la casa, cambiar la caldera, donar dinero a una organización que cuide el medio ambiente, renovar maquinaria y adquirir tecnología para que la fábrica contamine menos, o comprar un coche eléctrico, rebajan ligeramente las obligaciones tributarias.

Durante los últimos años, la fiscalidad verde ha adquirido mayor relevancia como una herramienta clave para avanzar hacia una economía sostenible y contribuir a cumplir con los objetivos de descarbonización. En España, la justificación de estas medidas impositivas se fundamenta en el artículo 45 de la Constitución, que establece la protección de la naturaleza como un derecho y deber colectivo. “Es un mecanismo para promover y proteger el entorno natural mediante impuestos diseñados para incentivar prácticas que respeten el medio ambiente”, asegura Araceli Vázquez, abogada de Cuatrecasas especialista en la materia.

En el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), una de las principales bonificaciones es la deducción estatal de obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, aunque apenas fue utilizada por el 0,23% de los declarantes. Tan solo 52.803 contribuyentes se la aplicaron, a razón de una deducción media de 504,89 euros en 2022 (último dato disponible). Se desgravaron por ello un total de 103 millones de euros, confirman los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Para podar la factura fiscal con este epígrafe, el declarante ha tenido que invertir en la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración en un 7%; en la mejora en el consumo de energía primaria no renovable o en obras en su hogar, adjuntando certificaciones energéticas que lo avalen. En Gestha consideran que es una medida regresiva porque el 78,4% de los que se benefician de esta partida son contribuyentes que obtienen rentas entre 30.000 y 150.000 euros. Y recuerdan que el 50% de los declarantes gana por debajo de esa cifra.

La deducción más utilizada por el 28,5% de los contribuyentes es por donativos a ONG, de las que se han beneficiado casi cuatro millones de declarantes, por un importe de 690 millones, comenta José María Mollinedo, secretario general del Gestha. Esta cifra no desagrega en función del sector en el que trabaja la organización, que puede ser protectora de la naturaleza, promotora de cultura, deporte o dedicada a la infancia, los refugiados, los vulnerables o la ciencia.

Las cantidades donadas a una entidad que protege, conserva o restaura el entorno tienen una deducción del 80% hasta los primeros 250 euros y del 40% en el resto del importe de la base del IRPF. Existe un tipo incrementado del 45% por reiteración de donaciones a una misma organización, recuerda Vázquez.

Para ver el peso de esta fórmula, se ha realizado un sondeo entre las principales instituciones ambientales con las últimas donaciones recibidas. Así, Ecologistas en Acción ha emitido 195 certificados fiscales por valor de 30,27 millones de euros; Oceana ha reportado 79 recibos, que suponen 22 millones; Greenpeace, 159.735 comprobantes que suman 19 millones, y WWF ha recibido donaciones por 4,87 millones y ha emitido 51.111 certificados.

A esto se pueden sumar las 2,1 millones de microdonaciones a favor de causas ambientales recogidas por Worldcoo en 2024. Corresponden a transacciones de redondeo en supermercados e hipermercados para: Priceless Planet Coalition, Fundación Oso Pardo, Fundació Integra Pirineus, RUFA by Patagonia, Asociación Reforesta, Xarxa per a la Conservació de la natura o Faad. De todas ellas, los contribuyentes solicitaron 1.595 certificados para la desgravacion de 2024.

Sobre su evolución es dispar. “Tienden a bajar, es la realidad socioeconómica”, comentan en Ecologistas en Acción y lo corroboran en Oceana. Sin embargo, en Greenpeace y WWF aprecian un ligero crecimiento.

Desde 2023 también existe la deducción por compra de un vehículo eléctrico nuevo o la instalación de un sistema de recarga de baterías. Para los técnicos de Hacienda es la deducción menos equitativa, pues, aunque la base máxima se limite a 20.000 euros, no podrán aprovecharla en su totalidad las personas con rendimientos inferiores a 23.238 euros y el 50% de los contribuyentes cobra menos.

Por último, las autonomías han aprobado un amplio catálogo de deducciones propias en este ámbito que restan en la cuota autonómica del IRPF. Las han podido utilizar un máximo de 122.211 declarantes, por un importe total de 73,2 millones, con una desgravación media de 599,37 euros, aseguran desde Gestha. Por ejemplo, en Cataluña, las donaciones a entidades que beneficien el medio ambiente, la conservación del patrimonio natural y la custodia del territorio pueden disfrutar de una deducción del 15%, con el límite máximo del 5% de la cuota íntegra autonómica.

Amortizaciones aceleradas

En el impuesto sobre sociedades, las compañías tienen la posibilidad de aplicar la libertad de amortización en inversiones que utilicen energía renovable y la amortización acelerada en vehículos eléctricos y de nuevas infraestructuras de recarga; es lo que llaman un crédito fiscal.

Se aplican sobre tributos municipales, siempre y cuando los ayuntamientos los hayan aprobado. Por ejemplo, en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, las compañías pueden solicitar hasta el 95% de bonificación cuando incorporen sistemas para aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar, y hasta el 90% por la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos.

En el impuesto sobre actividades económicas, las deducciones son de hasta el 50% cuando produzcan energía renovable o cuenten con electrolineras en los locales empresariales. Y en el impuesto sobre bienes inmuebles hay bonificaciones de hasta el 50% para inmuebles que tengan instalados sistemas de aprovechamiento térmico, eléctrico solar o hayan colocado puntos de recarga.

En cuanto a la recaudación de los impuestos medioambientales en España, se obtuvieron 24.600 millones en 2023, un 1,6 % del PIB, por debajo del 2% del PIB promedio europeo. El país ocupa el puesto 22 en el ranking de la UE, por detrás de Grecia, Bulgaria, Croacia, Países Bajos, Eslovenia y Estonia, según Gestha

Apoyar la conservación puede ofrecer beneficios fiscales dependiendo del país del donante. Muchos gobiernos han implementado incentivos tributarios para fomentar la filantropía, permitiendo a individuos y empresas reducir su carga fiscal. “Estos incentivos favorecen inversiones a largo plazo en proyectos de conservación”, avanza Hugo Mogollón, CEO de Galápagos Conservancy. “Aunque en los últimos años se han ido aprobando incentivos ambientales, dado el importe de estos y sus requisitos formales, son insuficientes para influir realmente en la sociedad”, concluye Vázquez, de Cuatrecasas.