La Fiscalía ha suspendido a un fiscal y ha multado a otros 16 por faltas disciplinarias desde 2022

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha suspendido a un fiscal y ha multado a otros 16 por faltas disciplinarias de 2022 hasta el año pasado, según los datos recopilados por EL PAÍS a partir de una petición al portal de transparencia de la institución. El promotor de la acción disciplinaria, una figura creada en octubre de 2022, ha informado de que el único profesional sancionado con la suspensión del servicio por un tiempo determinado es un fiscal de Madrid, aunque no ha aclarado el motivo concreto de esa sanción ni tampoco de las multas impuestas en ese periodo de poco más de dos años, el único sobre el que ha respondido.

Las sanciones impuestas a fiscales por incurrir en algún tipo de responsabilidad disciplinaria son poco conocidas. Las memorias que anualmente presenta la Fiscalía General del Estado (FGE) son irregulares en cuanto a la cantidad y la calidad de la información aportada. Este diario ha solicitado sin éxito el número total de sanciones de la última década, por tipologías. El análisis de las memorias arroja datos que, aunque no pueden sistematizarse por las lagunas de los informes, son reveladores: en el periodo entre 2014 y 2024, la Fiscalía solo ha separado del servicio (la pena más grave) a un fiscal, ha suspendido temporalmente a media docena y ha multado a cerca de una treintena.

La ley que regula el funcionamiento de la Fiscalía, de 1981, prevé la imposición de sanciones a sus funcionarios por faltas leves (advertencia o multa de hasta 300 euros), graves (multa de hasta 3.000 euros) y muy graves (suspensión temporal, traslado forzoso o separación del servicio). Estas últimas incluyen una extensa lista de comportamientos inapropiados: incumplir órdenes de los superiores; afiliarse a partidos o ejercer actividades incompatibles con el cargo; provocar enfrentamientos reiterados con otros fiscales; acumular retrasos de forma reiterada e injustificada al tramitar asuntos; abusar del cargo para obtener tratos favorables; revelar datos que causen perjuicios a terceros, entre otros.

Los pecados más frecuentes de los fiscales, los que acaban derivando en la apertura de expedientes y la imposición de sanciones, tienen que ver con un problema que afecta a todo el sistema de justicia en España: la lentitud. Los mismos motivos se repiten desde hace una década, según recogen detalladamente las memorias analizadas por este diario.

Los “retrasos en la emisión de informes”, la “supuesta pasividad” de los fiscales al ejercer sus funciones y la “desatención en la tramitación de procedimientos” centran buena parte de las quejas de ciudadanos que acaban en la mesa de la Inspección Fiscal. La falta de “motivación” de los escritos y “el desacuerdo con la postura asumida” en los procesos, especialmente los de ámbito penal, motivan igualmente quejas y expedientes. Víctimas y acusados también expresan, aunque en menor medida, quejas por “el trato recibido” por los fiscales, especialmente en situaciones de confrontación de la vida familiar o en procesos matrimoniales con hijos menores.

Un fiscal separado del servicio

Las memorias presentadas por los exfiscales conservadores Consuelo Madrigal y José Manuel Maza son especialmente profusas sobre las sanciones. En 2014, el único expediente disciplinario abierto por unos hechos “ocurridos el 18 de marzo de 2014” acabó con la imposición de una sanción de 400 euros a un fiscal por una falta grave de “desconsideración”. En 2015 hubo tres sanciones, y en dos casos los fiscales fueron suspendidos: uno por dos meses y el otro por tres años. En 2016 se produjo el episodio de mayor gravedad: un fiscal fue separado del servicio por infringir “el régimen de incompatibilidades de la carrera fiscal”.

Los datos de las memorias empiezan a ser menos concretos, incluso a escasear, a partir de ese momento. En 2017, un fiscal fue suspendido por retrasos continuos. De 2018, en el breve mandato de Julián Sánchez Melgar hasta ser sustituido por María José Segarra, no hay dato alguno y la Fiscalía no ha podido aportarlo. No solo no se mencionan las sanciones impuestas, sino ni siquiera los dos pasos previos a esas sanciones: el número de diligencias informativas abiertas y los expedientes disciplinarios que derivan de esas diligencias.

En los años siguientes regresa algo de luz, pero sin demasiada concreción. Se deduce de las memorias que 2019 fue especialmente convulso: se abrieron seis expedientes con sus correspondientes sanciones de suspensión o multa, aunque no se especifica cuántas hubo de cada tipo. Algunos de los seis casos registrados parecen especialmente graves, como un “abuso de la condición de fiscal” o una negativa a observar “el deber de abstención por interés personal en procedimientos”.

En los mandatos de los progresistas Dolores Delgado (de 2020 a mediados de 2022) y de Álvaro García Ortiz (hasta la actualidad) se sigue con esa información no muy detallada de los procedimientos; en algunos casos se informa solo de los expedientes disciplinarios abiertos, pero no de su resultado. Fue en el primer mandato de García Ortiz, en octubre de 2022, cuando se implantó una figura clave: el fiscal promotor de la acción disciplinaria, a semejanza de la que ya existía para los jueces en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGJP). El promotor ha informado a transparencia del conteo de casos que incluyen una suspensión, firme, ese mismo año, del fiscal de Madrid.