El abogado de la pareja de Ayuso declara en el Supremo después de haber sido desautorizado por su cliente ante el juez

El fiscalista Carlos Neira, el abogado al que contrató el empresario Alberto González Amador ―pareja de Isabel Díaz Ayuso― para defenderse de los presuntos delitos contra Hacienda, declara este martes como testigo en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. El magistrado Ángel Hurtado ha citado a Neira a petición de la defensa de Álvaro García Ortiz, que reclamó su comparecencia para preguntarle a cuántas personas envió el correo en el que itía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y por cuya filtración se investiga al fiscal general. La Abogacía del Estado pretende aclarar también, si el 12 de marzo de 2024, un día antes de que ese correo llegara a manos de García Ortiz, recibió mensajes de periodistas de EL PAÍS en los que le pedían que confirmara si González Amador tenía voluntad de pactar con la Fiscalía.

Pero la comparecencia de Neira ha cobrado un interés adicional después de que, el pasado viernes, la pareja de Ayuso asegurara que nunca autorizó a su abogado a alcanzar un pacto con la Fiscalía que implicara itir dos delitos fiscales. Esta afirmación contradice lo expuesto por el letrado en el correo que envió el 2 de febrero de 2024 al ministerio público, donde explicó que su propuesta era “de común acuerdo” con su cliente. González Amador estaba obligado como testigo a decir a verdad, igual que este martes lo estará Neira. Pero o la pareja de Ayuso mintió en el Supremo o Neira mintió en su correo a la Fiscalía.

El testimonio del letrado este martes será clave para resolver esta y otras dudas que han surgido a lo largo de la instrucción

Pacto “de común acuerdo”

González Amador aseguró en el Supremo que, tras enterarse de que la Fiscalía le investigaba, se puso en manos del abogado Neira y le pidió que buscara una solución rápida y discreta para “no perjudicar” a su pareja. El empresario se desvinculó de la isión del delito que su abogado expuso en el mail enviado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 y aseguró que se enteró de esa propuesta la noche del 13 de marzo de 2024 después de que la revelara la Cadena SER.

Sin embargo, en la investigación que se sigue en el Supremo hay constancia de que González Amador sí conocía que su abogado estaba negociando un acuerdo. La primera evidencia surge del texto del correo del abogado a la Fiscalía, donde Neira explica que la pareja de Ayuso estaba de acuerdo con cerrar un pacto con el ministerio público: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, le comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota o intereses de demora a la AEAT”.

El fiscal encargado del caso, Julián Salto, respondió el 12 de febrero: “Le escribo en relación a los presuntos delitos de defraudación tributaria, soy el fiscal designado del asunto, tomo nota de la voluntad de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas. Quedamos en o”.

Los mensajes que aportó al tribunal el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, apuntan también a un conocimiento previo por parte del empresario. Así se deduce de un whatsapp que Neira envió a González Amador la mañana del 12 de marzo y que este reenvió a las 9.09 al jefe de gabinete de su pareja: “Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que el final solo haya un condenado y multa mínima”.

Durante su comparecencia en el Supremo, la pareja de Ayuso defendió que en ese mensaje no se hablaba de ningún pacto ni de la isión de un fraude fiscal por su parte. El abogado del Estado, según las fuentes consultadas, le preguntó entonces a qué se referían las expresiones “un condenado”, “multa mínima” y “todo sigue en pie”. Y González Amador, según las fuentes, vaciló.

Mensajes de EL PAÍS

La Abogacía del Estado pretende preguntar también a Neira si el 12 de marzo de 2024 recibió comunicaciones, vía WhatsApp o por correo electrónico, de periodistas del diario EL PAÍS en las que le pedían que confirmara que González Amador tenía voluntad de itir sus delitos contra Hacienda Pública. Esos mensajes vendrían a demostrar, según la Abogacía, que la propuesta de pacto del abogado a la Fiscalía no era ya un secreto cuando García Ortiz recibió el correo electrónico cuya filtración se investiga.

Cuatro redactores de este periódico han manifestado ante notario que conocían las negociaciones entre el abogado y la Fiscalía desde el mediodía del 12 de marzo de 2024, al menos 31 horas antes de que la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en el Supremo, le enviara al fiscal general el correo electrónico de Neira en el que itía que González Amador había cometido al menos dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel. Los mensajes intercambiados por estos cuatro redactores y los enviados por uno de ellos al abogado de la pareja de Ayuso fueron publicados por EL PAÍS en enero y registrados ante un notario en mayo. Estos cuatro periodistas están citados este viernes como testigos en el Supremo.

Un correo con varios receptores

La comparecencia de Neira debe servir también para aclarar cuántas personas tuvieron , antes que el fiscal general, a los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. Documentos incorporados a la causa constatan que el abogado envió el mail que centra la investigación a un buzón genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos y, posteriormente, ese mismo día (2 de febrero de 2024), se lo remitió a la Abogacía del Estado, pese a que esta aún no había sido formalmente emplazada en el procedimiento penal.

Lo que pretende demostrar la defensa de García Ortiz es que distintas personas pudieron acceder a ese documento antes de que lo hiciera el fiscal general, lo que abre la puerta a que la filtración partiera de otras fuentes. Además, la Abogacía quiere saber si Neira autorizó a la pareja de Ayuso a reenviar al jefe de gabinete de la presidenta madrileña el correo de respuesta enviado el 12 de marzo por el fiscal del caso, Julián Salto, y si dio el visto bueno a que este lo difundiera entre periodistas.