El PP de Baleares cede en lengua y política migratoria para cerrar los Presupuestos con Vox

Tras varias semanas de negociaciones, PP y Vox han cerrado un acuerdo para aprobar los presupuestos de Baleares para 2025 que implicará rebajas en los requisitos de conocimiento del catalán, un endurecimiento de su política en materia de inmigración y la derogación de la ley de Memoria Democrática autonómica. La presidenta balear, Marga Prohens, es la segunda de los barones del PP en alcanzar un pacto sobre las cuentas públicas con los ultras después de la Comunidad Valenciana de Carlos Mazón. Tras el entendimiento valenciano, marcado por la gestión de la dana, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, alentó al resto de dirigentes territoriales a firmar más alianzas con la formación de Santiago Abascal. Baleares se suma ahora a la lista.

El acuerdo plasma las cesiones del PP a las principales obsesiones de la ultraderecha en las islas, con el foco puesto en las políticas lingüísticas y migratorias. El documento suscrito por los portavoces de los dos grupos parlamentarios contempla modificar la ley de Educación de Baleares para incluir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Actualmente, esta norma reconoce la lengua catalana como instrumento de cohesión social en las actividades educativas y complementarias y blinda el decreto que establece que un mínimo del 50% de las clases se tienen que impartir en catalán y consagra la autonomía de los centros para decidir sobre la otra mitad.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha recordado que la introducción del español como lengua vehicular en la enseñanza quedó aprobada por el PSOE, con los votos a favor del PP y Més per Mallorca, en la ponencia de la tramitación de la ley de Educación, aunque finalmente fue eliminada del texto de la ley “por presiones” de entidades en defensa de la lengua, según ha denunciado Sagreras.

Otro de los acuerdos alcanzados por PP y Vox pasa por eximir del conocimiento del catalán a los profesores que ocupen plazas de difícil cobertura, permitiéndoles acreditar su conocimiento una vez tengan la plaza. “Qué es mejor, que en Formentera no haya profesores de música, de historia o matemáticas o que haya profesores de música, historia o matemáticas que temporalmente todavía solo hablen castellano. Para mí no hay color”, ha justificado el portavoz del PP, Sebastià Sagreras en la rueda de prensa que ha ofrecido para desgranar el acuerdo.

La rebaja de los requisitos de conocimiento del catalán también se extenderá a otros puestos de la istración pública, ya que se ha acordado que el idioma no penalice en el a las bolsas públicas de empleo mediante un análisis de los distintos puestos de trabajo que tienen que tratar directamente con la ciudadanía. “Un enterrador maquillando a un pobre señor que ha fallecido, qué conversación va a tener en catalán o en español, es que si es mudo maquilla igual”, ha defendido la portavoz ultra, Manuela Cañadas.

El bloque de medidas contra la inmigración contempla el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados y la retirada de financiación para la construcción de centros de acogida. Además, ambos partidos condicionarán la concesión de la Renta Social, que es una prestación de último recurso para personas en situación de exclusión, a una acreditación de tres años de residencia legal en las islas. La supresión de ayudas a determinadas organizaciones y la revisión de proyectos de cooperación también están incluidos en el acuerdo.

Acreditar cinco años de residencia en Baleares también será un requisito para poder acceder a ayudas en materia de vivienda, un área en el que ambas formaciones han acordado establecer sanciones “a los okupas” sin concretar si se multará a personas condenadas en firme ni matizar el tipo de delito. El último de los puntos del acuerdo es la derogación de la ley de Memoria Democrática de las islas, que el PP defiende que no es necesaria porque en la comunidad autónoma también hay aprobada una ley de Fosas y el Gobierno central mantiene en vigor una ley estatal de memoria. “La continuidad de esta ley nunca ha sido una prioridad para el PP”, ha resumido Sagreras.

La presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, ha descargado en su portavoz parlamentario la explicación de los detalles del acuerdo, del que ella se ha limitado a decir que ha llegado tras una negociación “compleja” y “con respeto mutuo” entre ambas formaciones. “Es un acuerdo pensado para las islas, hecho para las islas y no hecho fuera de España por un prófugo de la justicia”, ha dicho preguntada sobre las presiones que la dirección nacional de Vox ha podido ejercer para sellar el acuerdo.

Los ultras han defendido que los presupuestos han llegado por una negociación “firme y sin complejos” que ha obligado al PP a aprobar asuntos que no habrían impulsado por sí mismos. “Las rebajas en el requisito del catalán o el examen de las categorías laborales, todo esto son cosas que el PP no habría hecho”, ha defendido Cañadas. Vox había permitido con su abstención la aprobación del techo de gasto de las cuentas autonómicas de este año, cifrado en 6.562 millones de euros, que será el que regirá para el nuevo proyecto presupuestario. Prohens gobierna en solitario, y en minoría, desde el inicio de la legislatura. Vox le otorgó su apoyo para hacerse con el Ejecutivo tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023.

El acuerdo llega tres días después de que Feijóo presentara su candidatura de liderazgo del PP en la carrera al congreso nacional del PP de principios de julio. En su comparecencia ante la prensa, el jefe de los populares confirmó que la futura ponencia política que saldrá de dicho cónclave no clarificará su relación con Vox. “El nudo gordiano es dirigirnos a los ciudadanos, no mirar al ombligo del PP ni mirar al ombligo de otros partidos. No lo necesitamos”, defendió. “Del texto de la ponencia política y del contenido del congreso se pueden sacar muchas conclusiones con relación a qué pensamos o qué orientación tenemos con otros partidos políticos”, añadió. Después de Comunidad Valenciana y Baleares, cuatro son las comunidades populares sin Presupuestos por la falta de entendimiento con los ultras: Castilla y Léon, Región de Murcia, Extremadura y Aragón.