La Fiscalía avisa al empresario José Elías de que su casa de Tiana es “manifiestamente ilegalizable”

Las obras que el empresario José Elías acometió de forma presuntamente irregular en una finca de Tiana (Barcelona) que forma parte de un parque natural son “manifiestamente ilegalizables”, según la querella de la Fiscalía que dio origen a la causa contra el dueño de Audax Renovables y La Sirena por un delito urbanístico. El escrito, al que ha accedido EL PAÍS, señala que la única vía que permite construir una vivienda en un suelo de esa naturaleza es desarrollar una actividad agroforestal, algo que no ocurre. Pero incluso en esa hipótesis, la vivienda ha de cumplir una serie de requisitos: en esencia, ha de parecerse a una masía tradicional, y no puede ser una casa de “arquitectura moderna” como la que levantó Elías. A petición de la fiscal, además, la jueza ordenó a la Guardia Civil y a técnicos de la Generalitat el a la finca para inspeccionar sobre el terreno las presuntas irregularidades.

El empresario de Badalona, que se encuentra entre las 100 personas más ricas de España, compró, a principios de 2018, una finca de más de 9.000 metros cuadrados en la exclusiva urbanización del Mas Ram. El terreno está calificado como suelo rústico, o sea no urbanizable, aunque lo cierto es que acoge desde 1966 con una vivienda que ha sido hogar de una familia de la zona. En su declaración como investigado ante la jueza de Mataró que investiga el caso, el empresario aseguró que nadie le informó, ni él sabía, que la finca se situaba además en una zona de especial protección de la Serralada de Marina. De lo contrario, aseguró, jamás la habría comprado porque se trata de su residencia habitual.

Tras la compra, una de sus empresas empezó a ejecutar obras de envergadura sin haber solicitado licencia de obras al Ayuntamiento de Tiana. Según Elías, solo pretendió “rehabilitar” y “modernizar” la vivienda original. La Fiscalía ite que la construcción principal se hizo “donde estaba la antigua edificación”, pero con otro estilo: “Arquitectura moderna, cubierta plana, fachada llana de líneas atrevidas con dominio del vacío sobre el lleno, grandes ventanales y terrazas perimetradas con barandilla de vidrio”. Elías también amplió la piscina y levantó una pista de pádel donde antes había una de tenis.

Una “segunda edificación”

La querella, que firma la fiscal delegada de medio ambiente y urbanismo de Barcelona, Laura Ricart, advierte además de que Elías erigió una “segunda edificación separada”, que no está “referenciada con ninguna construcción preexistente”: se trata de un espacio de 70 metros cuadrados que da cobertura a una “cocina-comedor de verano”, en la misma “línea arquitectónica” que el resto de la casa.

Elías, señala la fiscal, “era conocedor de que eran construcciones de tipo residencial prohibidas", al no estar vinculadas a ninguna explotación agroforestal. Pero incluso si se diera esa circunstancia, advierte la querella, la casa de Elías no podrá ser jamás legalizada tal como está. La norma impone una serie de requisitos a esas construcciones: han de estar “cubiertas por tejas”, tener “paredes de piedra o mortero” y “colores discretos”, y su forma ha de corresponderse “a las construcciones rurales tradicionales”. Las obras, concluye, “son manifiestamente ilegalizables”.

La casa se convirtió en un problema para el empresario al poco de comprarla. Después de que la policía local constatara que las obras se estaban ejecutando sin licencia, el consistorio dio la orden de detenerlas, pero Elías hizo “caso omiso”. Con el tiempo, el Ayuntamiento de Tiana acabó abriéndole un expediente. Tras proponer una sanción de 1,5 millones de euros por falta muy grave (ha quedado paralizada por el proceso penal) y por indicación de la secretaria municipal, elevó el caso a la Fiscalía.

Durante la investigación de la Fiscalía, agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Generalitat se presentaron en la finca pero “la propiedad denegó el ”, según la querella. Los técnicos han aclarado, en sus declaraciones en el juzgado, que en realidad no fue Elías quien les impidió el paso, sino un empleado, ya que él no se encontraba en casa. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Mataró, Elisabet Loscos, autorizó en cualquier caso la petición de la fiscalía para que tanto la Guardia Civil como la Generalitat realizaran “una inspección ocular de toda la finca, de manera pacífica” y pudieran “determinar con más precisión todas las transformaciones hechas”. Ese trámite, según fuentes de la investigación, ya se ha llevado a cabo y ha permitido elaborar informes más detallados.