Un juez federal frena la deportación de venezolanos bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798
El magistrado, nombrado por Trump en su primera istración, considera que el uso de una norma de tiempos de guerra es ilegal


Nuevo obstáculo legal a las deportaciones masivas de Donald Trump. Un juez federal de distrito en Texas ha determinado este jueves que es “ilegal” utilizar la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar del territorio a ciudadanos venezolanos. El magistrado, nombrado por Trump en su primera Presidencia, es el primero que emite un fallo categórico contra la polémica norma, cuya invocación fue ideada por Stephen Miller, el influyente asesor de Seguridad Nacional del mandatario republicano.
La norma del siglo XVIII ha sido empleada por el Gobierno para expulsar rápidamente a sudamericanos bajo la sospecha de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, una pandilla transnacional que Trump se ha fijado como objetivo. El mandatario consideró en decreto firmado en marzo que esta banda había invadido Estados Unidos, y que él tenía la autoridad suficiente para retirar del país a sus integrantes sin apenas procesos judiciales.
El juez Fernando Rodríguez Jr., del Distrito Sur de Texas, reconoce la autoridad discrecional del Ejecutivo para detener y deportar a extranjeros que cometan delitos o tengan actividades criminales dentro del país. Pero discrepa en la utilización de la norma, que se había reservado para tiempos en los que el país estaba en guerra. La última vez que se empleó fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando su empleo provocó excesos y demandas que llegaron, con el tiempo, ante el Supremo por violaciones a los derechos humanos.
“El decreto [de Trump] proclama que Venezuela, a través de Nicolás Maduro, dirige y controla las actividades del Tren de Aragua en Estados Unidos”, señala Rodríguez en su fallo. “Pero esta corte considera que este tipo de actividades no se adhieren al significado más sencillo de ‘invasión’ o ‘incursión predatoria’ contempladas en la ley de Enemigos Extranjeros”, continúa el magistrado. “Por este motivo, la Corte concluye que la invocación del presidente de esta ley excede los ámbitos del estatuto, por lo que es ilegal”, determina Rodríguez Jr. en su fallo, de 36 páginas.

Rodríguez Jr. ha ahondado este jueves en un fallo inicial que realizó en abril, cuando bloqueó temporalmente las deportaciones de tres ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua y recluidos en un centro de detención migratoria del sur de Texas. Aquella decisión protegía a los quejosos de una deportación sumaria, sin haber sido notificados con suficiente tiempo para defenderse legalmente.
El Tribunal Supremo levantó a principios de abril una medida cautelar que bloqueaba la utilización de la ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones. Los jueces constitucionales rechazaron en un voto dividido entrar al fondo del asunto, pero acordaron que los recursos legales contra esta ley debían desahogarse en Texas y no en el distrito de Columbia, donde se presentó la primera demanda contra la istración de Trump.
La Casa Blanca no ha respondido por el momento al fallo de Rodríguez, que se convierte de momento en el primero y más importante de un juez ante dicha norma. La istración, que ha combatido a los jueces que han suspendido las medidas migratorias de Trump, aún puede apelar a la decisión. Este recurso caería en manos del Quinto Circuito, radicado en Nueva Orleans, un tribunal muy favorable a los conservadores que tiene un largo historial de reveses a las presidencias de Barack Obama y Joe Biden en temas de inmigración.
Hay algunas reacciones que han aplaudido la decisión del magistrado. El caucus hispano del Congreso ha asegurado que el fallo confirma que “la istración Trump ha utilizado ilegalmente esta norma para deportar personas sin el debido proceso”. “Todos aquellos que han sido deportados ilegalmente deben ser devueltos. Aquellos que enfrentan cargos criminales deben ser juzgados en un tribunal y aquellos que enfrentar la deportación deben gozar de un procedimiento en un tribunal de migración”, señalaron los legisladores en las redes sociales.
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