Protestas fuera del Tribunal Supremo a favor de la ciudadanía por nacimiento: “Trump quiere desatar una guerra civil constitucional”

“El presidente Trump quiere desatar una especie de guerra civil constitucional donde habrá Estados, como los Estados sureños durante la guerra civil, que le van a negar la ciudadanía a los niños nacidos aquí, y habrá Estados, como los norteños, que les darían protección y albergue a todos los nacidos aquí, bajo la Constitución”, ha declarado el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, a EL PAÍS. El congresista de Nueva York participaba en la concentración que se desarrolló esta mañana frente al Tribunal Supremo para defender el derecho a la nacionalidad por nacimiento, y que reunió a líderes políticos, religiosos y civiles, entre ellos la congresista Delia Ramírez y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Dentro del imponente edificio, los jueces de la Corte celebraban la primera audiencia que definirá si todos los niños nacidos en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de los padres, son ciudadanos estadounidenses.

Con una petición de urgencia, el Gobierno pidió al Alto Tribunal que elimine el alcance nacional de los fallos de tribunales menores después de que tres jueces de distrito hayan bloqueado la orden ejecutiva del republicano, que retiraba el derecho a la nacionalidad a los niños nacidos de padres indocumentados. Si el Supremo da la razón a la istración Trump, el bloqueo a la orden ejecutiva solo será efectivo en los Estados que son parte de la demanda que pidió su anulación. Los niños hijos de migrantes sin papeles podrían ser o no ciudadanos estadounidenses dependiendo del Estado donde nazcan.

“Soy hija de inmigrantes y no voy a permitir que cambien la ley. Yo estoy acá para luchar por mi gente y, como adolescente, pienso que es muy importante que yo esté aquí porque somos el futuro y somos el presente”, afirmaba Amber (nombre ficticio) frente al tribunal. Residente de New Haven (Connecticut) es una de las docenas de personas que coreando insignias contra Trump se manifestaban para defender un derecho que se recoge en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. A sus 18 años, Amber no sería ciudadana estadounidense, como es ahora, si la Constitución no la amparara. Combativa y activa en su ciudad para defender los derechos de los migrantes, tiene reticencias para itir que sus padres, que llegaron a Estados Unidos hace más de 20 años, son indocumentados. “Mis papás y yo estamos en New Haven peleando cada día en las protestas, teniendo reuniones para enseñar los derechos a otros migrantes. Sí, tenemos miedo, pero lo enfrentamos luchando con nuestra comunidad”, ite.

Las protestas frente al Supremo reunieron a personas que llegaron de diversas partes del país, coreando las consignas que se han vuelto habituales en las numerosas manifestaciones que han provocado las políticas antiinmigrantes de la istración. “Fuera Trump”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Queremos justicia y la queremos ahora”, gritaban en español y en inglés a la vez que portaban pancartas denunciando el ataque a la Constitución y tachando de “fascista” al presidente.

Sonia Pérez viajó desde Nueva York para participar con su grupo de defensa de derechos civiles, Doñas Academy, en la manifestación. Pérez, que tiene un puesto ambulante de tamales en el barrio neoyorquino de Brooklyn, lleva 30 de sus 53 años viviendo en Estados Unidos y solo recientemente ha obtenido el permiso de residente permanente. Tiene cuatro hijos y dos nietos, todos nacidos en Estados Unidos Y todos con nacionalidad estadounidense gracias a la Decimocuarta Enmienda, cuya interpretación está en juego. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dice la enmienda. El Gobierno sostiene que los hijos de indocumentados están sujetos a la jurisdicción de otro país, no de Estados Unidos, por lo que no se les puede considerar estadounidenses.

“Yo estoy aquí para luchar por la comunidad. Si quitaran la Decimocuarta Enmienda, me tendría que haber vuelto junto con mis hijos a México y ellos no conocen otro país, tendrían otro tipo de vida”, dice, Pérez, a la vez que reconoce que, aun teniendo la green card, tiene miedo de ser deportada. “Estoy por mis compañeros, porque si agarran un dulce en la tienda, ya lo van a tratar como un criminal. Y eso no es justo porque nuestras vidas se han hecho aquí. Vinimos a este país para tener una vida mejor, a progresar, no a ser criminales”, protesta.

¿Ciudadanos de dónde?

Los carteles contra las deportaciones del Gobierno de Trump, empeñado en hacer historia con ello, se asoman por encima de las cabezas de los manifestantes. Si el Tribunal Supremo da la razón al magnate, surgen muchas dudas de qué pasaría con las personas nacidas en territorio estadounidense. En teoría, si se convierten en indocumentados, estarían sujetos a la expulsión, aunque no está claro cómo ni a dónde.

“Una deportación es para una persona que nació en otro país y entró a este país y no debe estar acá. ¿A dónde se deporta un niño que nació en este país? No tiene sentido. ¿Se enviaría a otro país, al país de sus padres? Pero no es el país de él”, explica Juan Pachón, vicepresidente de comunicación de la organización pro migrante FWD.us. “Además, no hay ninguna infraestructura para que los hospitales, las enfermeras, los doctores apliquen un tipo de orden ejecutiva de esta manera. ¿Qué habría que presentar cuando un bebé esté naciendo para comprobar que los padres son ciudadanos americanos? Sería un caos completo no solo para la comunidad inmigrante, sino para todas las personas que estén teniendo hijos en ese momento”, añade.

La radicalidad de las políticas antiinmigrantes de Trump ha provocado indignación en todos los sectores de la población, no solo entre los migrantes, más afectados. Peter Fontneau, de 78 años, viajó a la capital desde Springfield, en Virginia, para protestar y apoyar la causa de los migrantes. En su camiseta naranja, la misma que llevan sus acompañantes, se lee en inglés “Side with love” (“ponte del lado del amor”), un eslogan que su organización Unitarian Universalist Association usa para luchar por la justicia social. “El Gobierno intenta tergiversar mucho las palabras para, en esencia, afirmar que es el presidente, no el Congreso ni el poder judicial, sino el presidente, el responsable de decidir quién es y quién no es ciudadano de Estados Unidos. Y eso no es democracia”, denuncia.