La Generalitat Valenciana sopesó enviar la alerta de la dana una hora y media antes de mandarla

La Generalitat Valenciana barajó mandar la alerta masiva a los teléfonos para informar a la población del peligro de la dana —que dejó 228 muertos en octubre— más de una hora y media antes de su envío. Así lo ha confirmado este jueves Miguel M., el jefe de Emergencias autonómico que validó el aviso. En su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la inundación, este responsable ha afirmado que el subdirector de Emergencias autonómico, Jorge Suárez, le planteó por primera vez remitir un EsAlert —alerta masiva a teléfonos— a las 18.36 horas, según confirman a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia. El aviso final se coló en los terminales a las 20.11 horas, cuando se acumulaban fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Y se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. La instructora Nuria Ruiz Tobarra sostiene que la demora en esta notificación disparó el número de muertos.

La aseveración del jefe de Emergencias choca con la tesis defendida el pasado abril en el juzgado por la exconsejera de Justicia e Interior durante la gota fría, Salomé Pradas, que aseguró que la Generalitat empezó a valorar el aviso “a partir de las 19.00 horas”. La exdirigente compareció como imputada, lo que le permite mentir. Y el técnico de Emergencias ha sido citado como testigo. Y, por tanto, tiene decir la verdad.

La confesión confirma que la idea del mensaje se puso sobre la mesa del Cecopi —el órgano de emergencias de la Generalitat que coordinó la crisis— entre las 18.00 y las 19.00 horas de la aciaga jornada. En ese lapso, el encuentro registró una desconexión, que impidió a instituciones como la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que estaban conectadas por videoconferencia a través de la aplicación Zoom, seguir la cita. Y participar en el debate sobre la idoneidad y términos del aviso. Pradas aprovechó el apagón para llamar a las 18.15 horas al president Carlos Mazón. Su conversación, cuyo contenido es una incógnita, duró siete minutos.

El mando que ha declarado este jueves ejerce como responsable de Tecnología del 112 y jefe de sección de comunicaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Durante la gota fría, este organismo estuvo dirigido por el que fuera número dos de Pradas, el secretario autonómico Emilio Argüeso, que también está imputado en la causa por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes.

Teletrabajo y problemas en las comunicaciones

El responsable de Emergencias ha reconocido en el juzgado que gestionó la validación del mensaje desde su casa porque ese día teletrabajó. También ha dicho que fue informado de que había problemas en las comunicaciones telefónicas. “Me conecté en remoto”, ha indicado. “Me dijeron que era posible el envío de un EsAlert y que estuviéramos atentos”, ha añadido.

El mando ha relatado que se hizo una prueba en mayo de 2023 del sistema EsAlert y que el ensayo “funcionó”. Y que, desde entonces, “no se volvió a hacer ninguna simulación más”, pese a la recomendación de un simulacro al año. “Validar el mensaje de EsAlert es muy rápido”, ha precisado. Pradas itió que no sabía de la existencia de este sistema hasta la noche de la riada.

El día de la dana, según el cargo de Emergencias, había 23 operarios autorizados para escribir los mensajes de EsAlert. Y, pese a que él fue advertido a las 18.36 horas de la posibilidad de enviar la misiva, el subdirector Suárez le llamó a las 20.08 para confirmar el aviso que finalmente se mandó a los teléfonos de la provincia de Valencia tres minutos después para reportar del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia.

Las comunicaciones entre el encargado de validar el aviso y el subdirector Suárez estuvieron marcadas por las malas comunicaciones. “A las 20.08 horas recibo una llamada de dos segundos de Suárez, que se cortó, y otra seguida desde un fijo de dos minutos y 35 segundos”, ha detallado. “Había problemas en las comunicaciones, se oía bajito”, ha matizado, según fuentes presentes en su declaración.

Preguntado por si tenía hilo directo con altos cargos de la Consejería de Justicia e Interior, el departamento que gestionó la dana, el jefe de Emergencias ha indicado que mantuvo comunicación “con el responsable técnico que era el subdirector general [Suárez]”.

El mando es el segundo miembro de Emergencias que ha declarado en el juzgado que el Cecopi barajó dos alertas. Una primera, que se desechó, sobre la posible rotura de la presa de Forata —cuyo desbordamiento pudo causar 20.000 muertos— y la que finalmente se envió a los teléfonos sobre el riesgo del barranco del Poyo.

La comparecencia se ha desarrollado como testigo. Por esta condición, estaba obligado a decir la verdad. De lo contrario, corría el riesgo de ser imputado por falso testimonio. También ha tenido que responder a todas las partes: jueza, fiscal, defensas y abogados de las acusaciones particulares y populares.

La comparecencia de este jueves se suma a la de la semana pasada de un técnico de Emergencias de la Generalitat que sostuvo que la exconsejera Pradas le indicó “que no mandara nada hasta que ella le diera el visto bueno”. Una tesis que choca con la estrategia de defensa de la exdirigente imputada de descargar la responsabilidad en los técnicos.

La Fiscalía rechaza el recurso de Pradas y pide recabar datos de los barrancos

La Fiscalía ha rechazado un recurso de Pradas en el que reclamaba que se anulara la transcripción de su declaración como investigada del pasado 11 de abril. La exconsellera consideraba que el texto era “incorrecto e incompleto”. El ministerio público concluye que la transcripción -que recoge una comparecencia de más de tres horas en la que la exdirigente contestó a su defensa- es un “mero medio” y lo relevante es la grabación. Y considera que, si Pradas estima que hay partes imprecisas en el documento, debe indicar cuáles.

El ministerio público, asimismo, se ha mostrado a favor de estimar un recurso que abre la puerta a que la Guardia Civil, en función de Policía Judicial, solicite información al Ministerio para la Transición Ecológica sobre el embalse de Buseo (Valencia) para elaborar una cronología del día de la dana. Se trata de datos como el sistema de medición, si se planteó abrir compuertas entre las 8.00 y las 22.00 horas del 29 de octubre o los protocolos de avisos a la población de los que disponían estas infraestructuras. Y se opone también a que la Generalitat facilite información sobre los teléfonos móviles de los funcionarios, tal y como solicitó la acusación popular que ejerce la asociación Acció Cultural del País Valencià. La jueza en su día cerró la puerta a esta posibilidad apelando al secreto de las comunicaciones.

Por otra parte, José María Bueno, abogado de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias de Mazón durante la dana e imputado, estima que no existe incompatibilidad en ejercitar esta defensa y haber sido letrado del pseudosindicato Manos Limpias, que está personado como acusación popular. La jueza preguntó al letrado si era compatible esta coincidencia, ya que Manos Limpias pidió “ejercitar acciones penales” contra Argüeso. “No te dejes engañar por los que ves en internet, mira la realidad”, valora este abogado en un escrito en el que justifica su decisión de defender a Argüeso. En este documento, reconoce que ha trabajado para Manos Limpias en casos como el de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno que está siendo investigado por su supuesta contratación irregular en la Diputación de Badajoz.