Un juez emite una orden para capturar al autor de una estafa millonaria de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid

El magistrado Jorge Israel Bartolomé, responsable del Juzgado de Instrucción 30 de Madrid, ha dictado una orden de búsqueda y captura internacional contra Philippe Haim Solomon, señalado como el supuesto autor de otra estafa de venta de mascarillas perpetrada en plena pandemia contra el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el popular José Luis Martínez-Almeida. Según la investigación, este empresario se encontraba al frente de la compañía Sinclair and Wilde y, durante la crisis sanitaria, engañó presuntamente al Consistorio para suministrarle 500.000 tapabocas deficientes a cambio de 2,5 millones de euros, como reveló EL PAÍS. El juez también ha ordenado que, cuando sea arrestado, el sospechoso ingrese en prisión provisional.

Esta resolución del juez, fechada el pasado 20 de febrero y a la que tuvo EL PAÍS, se conoce después de que la Audiencia Provincial de Madrid absolviese a mediados de marzo a Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de cometer otra supuesta estafa contra la istración local en lo peor de la pandemia, cuando se embolsaron seis millones de euros en comisiones por intermediar en la compraventa de material sanitario en favor de una compañía llamada Leno Sdn Bhd, con sede en Malasia. En su caso, el tribunal concluyó que no había quedado probado que estos dos socios engañaran al Ayuntamiento de la capital al no comunicarle que iban a llevarse una parte del dinero; o que supieran que el material suministrado (mascarillas, guantes y test) no se ajustase a las características de “calidad” que se habían contratado.

Por su parte, la investigación contra Philippe Haim Solomon acumula casi cuatro años de pesquisas, pero aún no se ha logrado interrogar al presunto cabecilla. El juzgado dio luz verde a la causa en 2021 tras recibir un informe de la Policía Municipal de la capital. Ese mismo año se cerró ante la imposibilidad de encontrar al empresario y se volvió a reabrir en junio de 2022. Desde entonces, todos los esfuerzos por localizarlo han resultado infructuosos. Primero se le buscó en Nueva York, para lo que se pidió ayuda a la policía de la ciudad estadounidense —que acudió a la supuesta sede de las oficinas de Sinclair—. Sin éxito. Después en Reino Unido, para lo que se cursó una petición de colaboración antes las autoridades británicas. También sin éxito.

Y ahora, con el apoyo de la Fiscalía, el juez ha decidido dar un paso más y dictar una orden europea de detención contra el empresario, así como comunicar su dictamen a la Interpol para que esta iniciativa también “pueda actuar como orden internacional de detención”. El magistrado añade que esta orden tiene un plazo de vigencia de 10 años.

Los investigadores han identificado al principal sospechoso de esta estafa como Philippe Haim Solomon, nacido en 1955 y con pasaporte de Israel y Guinea Bissau. Sin embargo, también le atribuyen otra identidad: Philippe Víctor Chaim Hababou, con pasaporte francés y domicilio en Londres. “No se tiene constancia de que el investigado haya residido en España o se le pueda localizar aquí”, apunta el juez en su resolución. Hace tres años, el diario Infolibre publicó una conversación con él tras conseguir arle a través de internet, en la que aseguraba que estaría dispuesto a colaborar con la justicia española: “No estoy en absoluto escondido”, dijo entonces.

El sumario apunta que en mazo de 2020, a los pocos días de decretarse el gran confinamiento y con millones de españoles encerrados en sus casas, el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a la compra de medio millón de tapabocas a Sinclair and Wilde por 2,5 millones de euros. Solo un día después, el 24 de marzo, se hizo el primer abono por 1,25 millones. El 14 de abril se emitió el segundo pago por la misma cantidad. El Consistorio recibió el material el 23 de abril; pero el director de Operaciones del Plan de Emergencia Municipal advirtió el 4 de mayo que, tras analizar las mascarillas, “existen indicios suficientes para presuponer que no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española ni europea”. Se intentó a partir de entonces ar durante meses sin éxito con Philippe Haim Solomon. Pero este se esfumó.

“Las mascarillas recibidas no reunirían los requisitos técnicos de la normativa española, ni europea, por lo que resultaron inservibles para dotar con ellas al personal de los Servicios de Emergencia del Ayuntamiento de Madrid, no siendo finalmente distribuidas”, expone el magistrado Jorge Israel Bartolomé, que añade: “Se identificaba la mercancía como marca EKO, si bien no hay dirección empresarial, ni símbolo que identifique al fabricante y, en las búsquedas en internet, no aparece dicha marca vinculada a ninguna compañía. El marcado CE y los dígitos 1437 que lo acompañan no identifican a un organismo europeo de certificación del procedimiento de conformidad del producto fabricado, y su adecuación a la normativa europea. Las instrucciones de uso no van redactadas en una lengua fácilmente comprensible para los consumidores o s finales, ni se identifica al importador”.

“Sinclair facilitó diversa documentación con la que habría tratado de aparentar que la mercancía a suministrar cumpliría con la normativa vigente, reuniendo las especificaciones necesarias para su uso”, reprocha el juez instructor.