¿Quién pierde con el paro nacional?

Todo el mundo pierde, pero el que más es el Gobierno nacional, porque las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Es muy difícil controlar el orden público en las calles frente a una convocatoria de tal magnitud.

La primera consideración es la que el analista senior del periódico El Tiempo, Ricardo Ávila, expresa con claridad: la idea de una huelga general con la que juegan varios integrantes del alto Gobierno como método de presión al Congreso para que saque adelante una nueva versión de la consulta popular entra en la categoría del absurdo. Basta mirar los costosos estragos que dejó la parálisis de mayo de 2021 para concluir que volver a abrir esa puerta —y más si recibe la bendición oficial— equivale a jugar con fuego.

Es por esa razón que nunca un paro nacional ha sido promovido por el Ejecutivo, porque movimientos de esta naturaleza se realizan es para tumbar Gobiernos y nadie en estos momentos está interesado en tumbar a Petro. Además, se informa oficialmente que los costos de las movilizaciones ascienden a 50.000 millones de pesos que se usarán para fomentar la gobernanza participativa. Se espera que en el segundo semestre de este 2025, el presidente lidere 13 eventos de este tipo, por un valor que se acerca a los 1.900 millones de pesos. Incluye refrigerios y transporte de los participantes, sonido, pantallas y 2.000 sillas. Este martes pasado se vio en Barranquilla un ejemplo de lo que se repetirá por todo el país. “Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no se opondrá y los apoya. Y si me tumban por ello, estalla la revolución en Colombia”, concluyó el presidente Petro.

El único paro nacional exitoso en Colombia fue el que se produjo en mayo de 1957, que obligó al usurpador general Gustavo Rojas Pinilla a renunciar a la Presidencia de facto que ocupó desde el 13 de junio de 1953. La situación de esa crisis que lo obligó a renunciar era muy delicada. Si se dividían las fuerzas armadas y un sector se asociaba con los civiles para enfrentar al resto de las Fuerzas Militares, se produciría una guerra civil. Si se le permitía a las masas proletarias avanzar sobre los barrios residenciales de la ciudad, sin intervención de las autoridades, esa sería la anarquía. El gerente del Banco Cafetero, Antonio Álvarez Restrepo, lo convenció de presentar su renuncia y evitó que Rojas intentara poner orden en las calles con la fuerza pública. Diez días de paro fueron suficientes para tumbarlo.

El hecho cierto es que a partir de ahora toda la actividad política del país se va a volcar sobre los cabildos abiertos donde se decidirá la realización del paro nacional contra el Congreso. La apertura del debate de la reforma laboral no evitará las convocatorias que se harán en todo el país y el lenguaje subirá de tono cada vez más. Mientras unos gritarán que el pueblo decida, los otros consideran que lo que quiere el Gobierno es incendiar el país. Denuncias penales y tutelas alrededor de la negativa del Senado a la consulta popular.