El alto tribunal aclara que la doctrina anterior a la fijada en dicha fecha no exigía el cumplimiento de dicho requisito, fijado en el Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo
El magistrado Sánchez Melgar abre diligencias contra el eurodiputado, aforado, y un empresario que aseguró haberle dado 100.000 euros para la campaña electoral
El entorno de algunos implicados en la supuesta trama corrupta avisó al PSOE de que si no cumplían una serie de condiciones se filtrarían “grabaciones comprometedoras de Sánchez y Cerdán”
El Tribunal Supremo ha anulado parte del decreto que regulaba la especialidad, de reciente creación, tras una demanda interpuesta por el Colegio de Médicos de Madrid que afecta a 20.000 profesionales de toda España
El Ejecutivo alegó que era “materialmente imposible” facilitarle los documentos, pero el tribunal sostiene que prima el derecho de la parlamentaria a controlar la acción de gobierno
El TJUE afirma que la modificación del artículo que regula este suplemento a la pensión no ha solucionado que los hombres reciban un trato menos favorable
El barón popular asegura que adopta la decisión para recuperar los 700 millones de euros malversados, pese a que el dinero desviado no fue el objeto de la causa política que se dirime
Una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad explica que los vehículos se consideran “espacios de privacidad” y no se les puede aplicar las sanciones de la ley de seguridad ciudadana
El juez ordena en el mismo auto que se averigüe el domicilio actual de Claudia M., que no acudió a declarar como testigo el martes al no haber podido recibir la notificación
El alto tribunal anula la última de las tres condenas contra Ahmed Tommouhi por una decena de violaciones que cometieron otros dos hombres en Cataluña en el otoño de 1991
Tampoco servirán los fallos judiciales o la documentación de países extranjeros, hasta ahora grietas para legalizar lo que en España es normativamente una forma de violencia machista
El Supremo da la razón a Blackstone en la compra de 41 pisos públicos de Carabanchel a precio de saldo y elimina la posibilidad de los inquilinos de adquirir su vivienda, después de 10 años de lucha judicial